El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), está citado mañana a declarar como imputado por presunta prevaricación en una operación urbanística que habría acarreado a las arcas municipales un perjuicio económico de un millón de euros.
Además del alcalde, citado a declarar a las 9.30 horas, está previsto que comparezcan también en el Juzgado de Instrucción 1 de Granada otros dos de los cinco imputados restantes (hay seis en total), entre los que figura un conocido empresario de la ciudad.
La citación se produce tras la admisión a trámite de una querella interpuesta el pasado mes de octubre por el grupo municipal del PSOE de Granada contra la Junta de Gobierno Local, de la que forma parte el alcalde, contra la entidad financiera que participó en el procedimiento y contra dos promotores de la ciudad.
Según la querella, el alcalde selló un acuerdo privado con los promotores por medio del cual, en lugar de cobrar en líquido los 8,2 millones de euros que adeudaban al Ayuntamiento, saldaba la deuda "en especie" recibiendo una parcela de uso terciario (comercial) valorada en unos siete millones -uno menos de la deuda-.
El PSOE acusa al Ayuntamiento de "menoscabar el interés general" de la ciudad al aceptar el cobro en suelo de esa deuda -derivada de los aprovechamientos urbanísticos del plan parcial-, pese a tenerlo asegurado mediante embargos municipales.
El Ayuntamiento habría tratado supuestamente de garantizarse la deuda original con la posterior venta del suelo en una operación que finalmente se frustró.
La parcela que originó la presentación de la querella está relacionada con el plan parcial del Cerrillo de Maracena en el que iba a construirse el Palacio de Hielo, causa que el próximo mes de octubre sentará en el banquillo de los acusados al exconcejal de Urbanismo Luis Gerardo García Royo (PP), a tres altos funcionarios del Ayuntamiento, a dos constructores y a un abogado.
La representación legal del alcalde recurrió en su día la admisión a trámite de la querella al considerar que partía de una denuncia falsa que aludía además al "secretismo de un procedimiento que fue aprobado en pleno", ha explicado a Efe el abogado.
El juez aún no ha resuelto sobre el recurso, por lo que el letrado no descarta la posibilidad de pedir mañana la resolución del mismo antes de que se le tome declaración al alcalde, lo que en cualquier caso no tiene por qué implicar necesariamente la suspensión o aplazamiento de la comparecencia.
La representación legal del alcalde mantiene que la operación contó con el respaldo de informes técnicos y jurídicos, y que de ella se dio cuenta "a todos los órganos que pudieran resultar afectados", por lo que ha restado importancia al documento de un técnico de Urbanismo, publicado hoy por el diario Ideal, en el que se advirtió del perjuicio económico de la operación.
