Después de rechazar la acusación de rebelión doctada por el Tribunal Supremo de España contra Carles Puigdemont, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein pone ahora en duda que se pueda acusar al expresidente de la Generalitat de malversación. El tribunal alemán ha pedido a la justicia española que envíe información adicional sobre la denuncia al considerar que en la euroorden falta concreción.

«No contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjo el delito con la necesaria concreción de la acusación que permita asociarlo de manera suficiente a los hechos que se le imputan», subraya la Audiencia germana en el auto.

Los jueces reconocen que Puigdemont fue «corresponsable”, al menos políticamente, de la generación de los costes del referéndum por un valor aproximado de 1,6 millones de euros, y que su Gobierno no estaba autorizado a gastarlos tras la prohibición del Tribunal Constitucional. Pero ponen en cuestión si el mero hecho de contraer las obligaciones financieras asociadas al referéndum sin que se hayan realizado pagos efectivos constituiría un acto punible.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartó la extradición de Puigdemont por un delito de rebelión. En su auto, el tribunal determinó que los argumentos de Llarena para acusar de rebelión al líder de Junts per Catalunya son «inadmisibles» y que casaban mal con el código penal alemán. «A diferencia de cómo pudiera verlo el derecho español, en Alemania, la fuerza de la masa que se deriva de una gran reunión de personas no sería suficiente para alcanzar el nivel de violencia que requiere el artículo 81 del código penal». «La violencia que tuvo lugar el día de la consulta es atribuible al acusado como el iniciador y el defensor del referéndum», reflexionan los magistrados. Pero consideran que los hechos «en cuanto a su naturaleza, magnitud y efecto no fueron más significativos» que las protestas que tuvieron lugar en 1983 en Frankfurt contra la ampliación del aeropuerto Startbahn West. «Los actos no habrían sido suficientes, como muestra la historia para ejercer la suficiente presión en el Gobierno para forzarle a capitular a las demandas de los violentos».

Por otra parte, fuentes del Tribunal Supremo confían en poder revertir la decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein de rechazar el delito de rebelión. Apuntan que la medida no es la decisión final. En principio, la intención del juez Llarena es no hacer ningún movimiento hasta que el dictamen sea firme.