El teniente de la Guardia Civil Juan Manuel Rivas y un guardia primero apellidado Montes hicieron todo lo posible por ocultar las imágenes más duras de la paliza que propinaron el 24 de julio al agricultor Juan Martínez Galdeano en el cuartel de Roquetas de Mar (Almería). Martínez murió en el patio del cuartelillo. El comandante encargado de la investigación interna y el alférez en función de policía judicial descubrieron las imágenes al día siguiente gracias a un funcionario del Grupo de Informática de la Guardia Civil (GATI) que rescató el vídeo del disco duro del ordenador y lo visionó en la comandancia de Almería. Al requerir una explicación al teniente imputado, éste dijo: "De haber sabido ayer de la existencia de esas imágenes, no las hubiéramos visto hoy".
RESISTENCIA Este episodio fue relatado ayer por el ministro del Interior, José Antonio Alonso, durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre la muerte de Martínez en el cuartel de Roquetas. Alonso aclaró así la "resistencia a la investigación" que él mismo había denunciado en unas declaraciones el domingo pasado. Pero sus explicaciones dejaron insatisfecho al PP. Su portavoz, el exsecretario de Estado de Interior Ignacio Astarloa, le conminó: "Márchese a casa" y reclamó "su dimisión al cuadrado" por una gestión que calificó de "penosa" al haber dejado a la Guardia Civil "a los pies de los caballos". Los demás grupos respaldaron al ministro.
Alonso inició su relato transmitiendo las condolencias a los familiares y amigos del fallecido y reiterando que la política de seguridad pública se basa en el escrupuloso respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos. "Nuestra divisa es tolerancia cero frente a cualquier situación irregular que ponga en cuestión los derechos humanos", dijo antes de expresar "el apoyo y el reconocimiento del Gobierno hacia la Guardia Civil, que no debe quedar afectada por unos hechos aislados".
PRIMERA VERSION Inmediatamente después de conocer la muerte de Martínez en el cuartel, a las seis de la tarde del 24 de julio, el jefe de la comandancia de Roquetas abrió una investigación. La primera versión que recibieron el comandante instructor y el alférez encargado de elaborar el atestado judicial ocultó el uso de la fuerza desmedida.
El teniente implicado ofreció su versión y les dijo que había imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. Las visionaron en presencia del teniente y del guardia primero Montes, conocedor del sistema de grabación, y también implicado en los hechos, y éstos aseguraron que ya no se veía más, pues todo transcurría en la parte de atrás, una zona oculta al ángulo de visión de la cámara. Pero por indicación del propio ministro se rescató el disco duro del ordenador.
LA PALIZA En las imágenes se observa cómo el detenido, que estaba esposado, es reducido por cuatro guardias civiles en el suelo del patio tras haber agredido a los agentes. "Mientras se le reducía en el suelo --leyó el ministro--, aparece el teniente de paisano, provisto de una defensa porra, al parecer rígida, de tipo telescópico en una mano y en la otra una defensa eléctrica, comienza a reducir al detenido con golpes y descargas, al tiempo que éste propinaba patadas y movimientos bruscos del cuerpo. Tras varios minutos de forcejeo se observa cómo es arrastrado fuera de la visión de la cámara, permaneciendo en el patio hasta que se presenta el personal sanitario 20 minutos después".
La crudeza de las imágenes y los resultados provisionales de la autopsia determinaron que "el empleo de la fuerza pudo ser el causante de la muerte".
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, fue el primero en alertar al ministro, entre las nueve y las diez de la noche del 25 de julio. Al día siguiente, Alonso llamó al director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, quien le ofreció una información similar. Previamente, Arruche había enviado a Almería al teniente implicado.
Alonso aseguró que "Arruche actuó bien, aunque en las declaraciones públicas todos podemos equivocarnos". El director suspendió por tres meses al teniente implicado. Luego, cuando el 3 de agosto, se conoció el resultado definitivo de la autopsia, el Gobierno amplió a seis meses la suspensión cautelar de los ocho agentes implicados.
En el hecho de que fuera el ministro quien llamara al director de la Guardia Civil creyó ver el PP una "desavenencia interna". Alonso negó tal cosa y aseguró que la investigación interna había sido eficaz y correcta.
MEDIDAS Dijo que se adoptaron "medidas razonables y proporcionales" y expresó su compromiso con "el respeto a la presunción de inocencia". "La exigencia de responsabilidades debe llegar a sus últimas consecuencias", añadió. Ante la acusación del PP de que el Gobierno no ha defendido al cuerpo, Alonso contestó: "No consentiré como ministro que el prestigio de la Guardia Civil sea empañado por ninguna circunstancia".
