En una semana cargada de acontecimientos relacionadas con desobediencias y acciones judiciales varias, casi dos de cada tres catalanes, un 65,4%, se muestra contrario a que se juzgue al ‘expresident Artur Mas por haber incumplido la ley con ocasión de la consulta popular del 9 de noviembre del 2014. Los favorables a que se siente en el banquillo de los acusados alcanzan el 30,5%. Curiosamente, si no se concreta en un nombre, y se pregunta sobre el concepto, la opinión cambia radicalmente. Así, el 48,4% (contra el 46,4%) considera que no es un atentado a la democracia juzgar a un político por consultar a los ciudadanos.

En cuanto a Mas, los votantes del PP y de Ciudadanos en los comicios del 27-S de 2015 creen aplastantemente (con un 81% y un 76,5%) que sí debería ser juzgado. En el otro extremo, los de Junts pel Sí y la CUP, obviamente, apuestan por lo contrario (94% y 90,9%). A estos dos se pueden unir los votantes de Cataluña Sí que es Pot, que rechazan en un 75,9% el trago judicial al ‘expresident’. El único electorado en el que aparecen las tonalidades grises es el del PSC: el 42,3% rechaza el juicio, por el 51,4% que se muestra a favor.

En la consideración o no de atentado a la democracia que se juzgue a un político por consultar a a los ciudadanos se sigue el mismo patrón. Entre los que se definen como independentistas, el 66,3% sí lo cree un ataque a los principios democráticos, por el 32,6% que lo niega. Entre los no secesionistas se invierten los guarismos, y el 62,7% niega tal atentado y el 29,1% lo corrobora.

El sondeo del GESOP incluye una tercera pregunta que, a su vez, lleva la contraria a la anterior. El 56,4% de los catalanes creen que en España no hay democracia puesto que no se permite a los catalanes votar sobre la independencia en un referéndum, por el 40,6% que se muestran en desacuerdo con esa afirmación.

Los bloques se mantienen estancos. Los votantes de JXSí y la CUP (84,2% y 90,9%) niegan que España sea un estado democrático. Los de Ciudadanos, PSC y PP (77,9%, 70,3% y 93,9%, respectivamente) creen que impedir el referéndum no tiene nada que ver con la calidad del estado de derecho. Entre dos aguas, pero en esta ocasión con mayor cercanía al bloque independentista se hallan los electores de CSQP que en un 57,5% (contra un 39,1%) corroboran la falta de sentido democrático del Estado.

COINCIDENCIA EN LOS GRANDES ENUNCIADOS

Donde hay casi total unanimidad es en el apoyo a los grandes enunciados. El 82% de los encuestados creen que los políticos, como los ciudadanos, deben de cumplir las leyes, estén o no de acuerdo, por un 16% que dice que no. Y un 71,4% considera que el respeto a la ley es la base de la democracia, frente al 25,3% que lo niega.

En cuanto al cumplimiento de la legalidad hay pocas diferencias entre los bloques independentista (71,5%) y el no independentista (91%). Por partidos, todos los electorados apuestan por el cumplimiento de la legalidad. El valor más bajo es el que se obtiene de entre los anticapitalistas (59%) y el más alto, entre los de Ciudadanos (97,1%).

En el análisis de la relación íntima entre legalidad y democracia aparecen mayores diferencias. En el campo secesionista la victoria de los que creen que ambos conceptos están muy ligados es indiscutible, pero no aplastante (57,1% a 38%). Entre los que reniegan de la opción de separarse de España, el triunfo alcanza el 84,5% a 13,8%.