El gobierno socialista en funciones ha comunicado a la Junta de Andalucía, en manos del PP y Cs con apoyo de Vox, que no podrá captar financiación en los mercados al haber incumplido los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto en 2018. Un año en el que, curiosamente, quien llevaba las riendas del área de Hacienda de la Junta era precisamente la actual ministra en funciones, María Jesús Montero.
El ejecutivo de PP y Cs, que preparaba ya operación para captar 1.900 millones de euros, deberá ahora recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica y tendrá que acometer un plan de ajuste donde indiquen cómo se ajustarán a esos parámetros de gasto, según consta en la misiva remitida por la dirección general de Hacienda. El ministerio rechaza por tanto que se trate de intervenir las cuentas andaluzas, niega cualquier intento de bloqueo de la gestión económica e insiste en que simplemente la comunidad no cumple los requisitos aprobados hace un lustro en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poder salir a los mercados.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha apresurado a compartir la carta en redes sociales, aseverando que Andalucía es hoy modelo de estabilidad y rigor, pero el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez interviene nuestra financiación y nos exige recortes por el déficit heredado. Desde la consejería andaluza de Hacienda no salen de su asombro ante lo que consideran una situación surrealista porque, insisten, las cuentas de la comunidad no están desbocadas y los presupuestos ya recogen el objetivo de cumplimiento de déficit. Y explican que en el ejercicio de 2018, que se cerró formalmente el pasado mes de octubre, el desvío ha sido de apenas una décima, de ahí la sorpresa por la dureza de la petición del Ministerio.
Desde el ejecutivo andaluz señalan que la misiva fue remitida durante el puente de la Constitución y sin previo aviso, pero no ha llegado hasta las manos del consejero Juan Bravo hasta el día siguiente de haberse aprobado los presupuestos de 2020, con un valor de 38.540 millones y a los que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) daba un tirón de orejas por los recortes fiscales. En la práctica, ahora la Junta no podrá salir a captar fondos de los mercados financieros mediante la emisión de deuda pública, sino que tendrá que buscar ese crédito en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el mecanismo creado en la etapa de Mariano Rajoy para aliviar la financiación de las comunidades en un momento de asfixia económica.
La polémica radica en que la inclusión en el FLA supone además la monitorización mensual de las cuentas autonómicas, la supervisión de cualquier operación de endeudamiento y un plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública y que sea consistente con su plan económico-financiero. Unos ajustes que, adelantan desde el Ejecutivo andaluz, podría afectar a partidas tan sensibles como sanidad y educación, las más abultadas. Desde Hacienda, sin embargo, explican que la norma da total libertad y que cada región aplica esos ajustes donde cree conveniente.
La carta remitida por el director general de Hacienda hace hincapié en el incumplimiento del objetivo de estabilidad, la regla de gasto y de deuda pública, que para 2018 estaba fijado, en el caso de las comunidades autónomas en el 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. En consecuencia, no reúne los requisitos previstos en el artículo 15.1 del Real Decreto-ley 17/2014 para adherirse al compartimento Facilidad Financiera en 2020, por lo que le corresponderá, en su caso, adherirse al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) 2020 y le serán de aplicación las condiciones financieras y fiscales previstas en los artículos 24 a 27 del citado Real Decreto-ley.
PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES
Desde el Ejecutivo andaluz explican que Andalucía cierra el ejercicio en el 0,5%, o lo que es lo mismo, un desvío de 813 millones de euros que Hacienda atribuye al pago de dos sentencias contra la Junta de Andalucía que, aunque se abonaron en 2019, fueron computadas en las cuentas de 2018 durante el último trimestre de ese ejercicio y ya bajo el mandato de Antonio Ramírez de Arellano, sucesor de Montero a mediados de 2018 al frente del área presupuestaria. Es el caso de los 200 millones de euros por la paralización de la licencia al centro comercial Nevada de Granada y los 165 millones de euros de sobrecoste de las obras del metro de Sevilla. Y recuerdan que otras dos regiones, Murcia y Valencia, incumplieron los objetivos de estabilidad presupuestaria. En Valencia (PSOE), el déficit fue mayor, del 1,4%, mientras que en Murcia (PP), rondó el 1,3%, aunque no consta de momento que hayan recibido las mismas advertencias desde Hacienda. Eso sí, Andalucía aparece como la única región no cumplidora en el caso de la deuda pública.
La decisión supone un duro varapalo para el Ejecutivo andaluz, que tras el éxito de la salida a los mercados en 2018 y 2019 después de años acogidos al FLA preparaba otra emisión de deuda para 2020 a fin de refinanciar la deuda y mejorar los tipos de interés, más bajos en estos momentos. Además, estas operaciones suponen un plus de solvencia para las comunidades autónomas, dada la imagen de confianza que genera en las entidades financieras que facilitan liquidez.
