La ceremonia de apertura del Año Judicial, que se celebrará mañana en el Tribunal Supremo, se verá empañada por la ausencia del Rey Juan Carlos a causa de su reciente operación en el talón de Aquiles, lo que sucede por primera vez en 28 años.
El acto comenzará a las 12.00 horas con las intervenciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Antes, el secretario de Gobierno del Alto Tribunal hará una introducción en la que recordará que la Casa Real fijó el día 15 de septiembre para la apertura del nuevo Año Judicial, acto que "lamentablemente" el Rey no podrá presidir como viene haciendo de forma ininterrumpida desde 1983, han informado fuentes del Supremo.
La primera vez que se celebró esta ceremonia fue en 1976 y a ella asistió el Rey, pero no volvió a presidirla hasta 1981, año en el que se creó el Consejo General del Poder Judicial, y tras ausentarse en 1982, su presencia ha sido permanente desde 1983.
Entre las autoridades que mañana acudirán a la apertura del Año Judicial destacan el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y su secretario de Estado, Juan Carlos Campo, así como el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.
También han confirmado su asistencia la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría; los expresidentes del Supremo Francisco José Hernando y Javier Delgado y todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, excepto el de Extremadura, que ha comunicado su inasistencia.
Tampoco estarán este año los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente, que han anunciado que no podrán acudir a la ceremonia.
En cuanto a las asociaciones judiciales, el Foro Judicial Independiente ha hecho público un comunicado en el que anuncia que ninguno de sus representantes acudirá al acto por "el continuo incumplimiento" del Ministerio de "paliar los insoportables déficits de la Justicia".
Esta asociación, junto a Jueces para la Democracia y la asociación Francisco de Vitoria, ya optaron el pasado año por no acudir a esta ceremonia al considerar que el coste económico de este acto debería invertirse en la mejora de la Administración de Justicia.
