Los nacionalistas vascos olieron la debilidad gubernamental desde que el PP obtuvo 137 escaños el 26-J y la investidura de Mariano Rajoy se fraguó con un precario pacto con Ciudadanos. El PNV tomó entonces -verano del 2016- la decisión de constituirse en el tercer partido del Congreso de los Diputados poniendo en máximo valor a sus cinco diputados. Y lo consiguió desde el primer minuto, obteniendo a cambio una presencia institucional desproporcionada en las Cámaras muy a diferencia de la entonces CDC, que perdió el grupo parlamentario en el Congreso.

El PNV ha mirado a Vitoria y a Madrid simultáneamente. En la capital administrativa de Euskadi, los nacionalistas se coaligaron con el PSE-PSOE y concertaron la ayuda del PP para completar la mayoría absoluta. En Madrid se propusieron, y lograron, renegociar una nueva ley de cupo que garantizase el buen tratamiento financiero del País Vasco que ya le proporcionaba la anterior. El resultado ha sido óptimo: Íñigo Urkullu ha sacado adelante los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca con la asistencia del PP y el partido negoció con el presidente Rajoy, sin intermediarios, un cupo favorabilísimo, al margen del nuevo sistema de financiación autonómica y desafiando la crecientes críticas al procedimiento de su cálculo.

Piedra en el zapato

La única piedra en el zapato de los nacionalistas vascos fue, es y será la intervención de la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución. El PNV se ha sentido en la obligación -pero desde una histórica lejanía emocional con el nacionalismo catalán- de mostrar su solidaridad con los dirigentes del procés. No ha escatimado en gestos como durante el Aberri Eguna (día de la patria vasca) el pasado domingo de Resurrección: el acto central de la jornada fue de solidaridad y homenaje a los independentistas catalanes y «a sus presos».

El lendakari -un tanto decepcionado por la contumacia estéril de Carles Puigdemont y muy quemado por la mediación fallida que mantuvo entre la Generalitat y el Gobierno la noche del 26 de octubre del pasado año- ha enfatizado algunas iniciativas de corte soberanista, pero mostrando una convicción en ellas perfectamente descriptible. Se llegó a formular en el nacionalismo un compromiso que sí resultaba eficiente en la solidaridad con el separatismo catalán: en tanto en cuanto estuviera vigente el 155, el PNV no pactaría los Presupuestos Generales del Estado con Rajoy.

Pues bien, de lo dicho, nada. El presidente del PNV y Rajoy se reunieron el martes en la Moncloa y llegaron a dos acuerdos, uno explícito y otro implícito. En función del primero, el PNV obtiene todo lo prometido en el 2017 en las cuentas del 2018 (más de 500 millones de inversión directa entre otras ventajas) y, además, para justificarse ante el País Vasco -epicentro de las manifestaciones de los pensionistas- y el resto de España, arranca al Ejecutivo un incremento de las pensiones del 1,6% este año y el IPC para el siguiente, retrasando al 2023 el factor de sostenibilidad. Implícitamente, Andoni Ortuzar, presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, ha pedido y obtenido una posición templada del Gobierno de modo que no se obstaculice con recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) la delegación de voto de Puigdemont y de Comín en el Parlamento de Cataluña y se «dialogue» con el futuro Gobierno de la Generalitat. Y así, los nacionalistas votaron el jueves contra la devolución de los Presupuestos y harán lo mismo -con el 155 o sin él (confían que sin él)- cuando se sometan definitivamente a la aprobación del Congreso. Sabin Extea logra todos sus objetivos aunque dejaría a Puigdemont en la cuneta si fuese el caso.

Si el independentismo catalán trae a mal traer a Rajoy, el vasco le rescata. Y lo hace de una manera decisiva: al aprobar los Presupuestos del 2018, los nacionalistas libran al presidente del mayor obstáculo para llegar al 2020 y concluir la legislatura. Hasta que el PNV tomó esa decisión, el expresidente Puigdemont tenía una baza en sus manos que consistía en provocar unas nuevas elecciones, prolongar el 155 hasta no se sabe cuándo e impedir que los nacionalistas vascos salvasen los Presupuestos de Rajoy. El escenario ha cambiado y el PP podrá prolongar su gestión, renqueante, hasta dos años más. Y lo que los populares necesitaban era precisamente lo que el nacionalismo vasco le ha proporcionado: tiempo. Rajoy lo ha comprado a precio de oro.

La lectura de este acuerdo PNV-Gobierno es que el procés, Puigdemont, los políticos secesionistas presos, el 155, la corrupción -incluso la tan indecente de Madrid, como ha demostrado y demostrará aún más el caso Cifuentes- son cuestiones secundarias para un nacionalismo vasco esencialmente pragmático y que está en pleno viraje de posiciones incluso en relación con cuestiones tan sensibles como el desenlace de ETA. El viernes próximo, el Gobierno vasco no enviará representantes al acto de anuncio de la «desmovilización» de la banda en Cambo-les-Bains (Francia) y se abstendrá de reclamar a Rajoy la transferencia de Instituciones Penitenciarias.

Un adorno

Pero, con diferencia, lo más relevante desde el punto de vista político es que los nacionalistas vascos prefieren a Rajoy sobre Puigdemont y al hacerlo imprimen un giro profundo en su trayectoria política, lo admitan o no. Por supuesto, seguirá el discurso peneuvista de solidaridad con la Cataluña insurrecta, pero el entendimiento con Rajoy -hasta exprimir todas sus posibilidades- se prolongará tanto cuanto sus aspiraciones financieras y competenciales lo requieran. Los que suponen que al EBB del PNV le ha motivado especialmente la expectativa triunfante de Cs y su ascenso electoral elaboran un análisis solo acertado de refilón. La jactancia de Ortuzar de haber quebrado a Albert Rivera es un adorno para que sus parroquianos digieran políticamente el acuerdo con Rajoy y el PP.