La Fiscalía Anticorrupción echó ayer un cable al juez Baltasar Garzón al avalar su decisión de ordenar la intervención de las conversaciones que los tres principales implicados del caso Gürtel mantuvieron en la cárcel con sus respectivos abogados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene que decidir sobre la legalidad de esta orden en los próximos días.
La fiscalía sostiene que la decisión del magistrado fue correcta y que está amparada por doctrina de este tribunal, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, recuerda que es legal que se intervengan las conversaciones de los letrados con sus clientes cuando se investiga un delito.
El juez del TSJM Antonio Pedreira ya rechazó la pretensión de Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta, de anular el caso por dichas grabaciones.
