La fiscalía Anticorrupción considera que entre los imputados en la pieza abierta por la contratación por el BBVA de los servicios de una de las empresas del excomisario José Manuel Villarejo falta la propia entidad, como persona jurídica. Por eso a lo largo del día solicitará formalmente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón su imputación por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares, confirmaron fuentes jurídicas a este diario.
Esa situación, si finalmente es acordada por el magistrado, como ya ha hecho con el exnúmero dos de la entidad entre 2009 y 2015, Ángel Cano, y su exrresponsable de Seguridad Julio Corrochano, entre otros, será incompatible con la petición que ha planteado de personarse para ejercer la acusación contra Villarejo al considerarse perjudicada por su actuación.
Ambos ya comparecieron en la Audiencia Nacional junto con otros exdirectivos que se negaron a declarar o solo accedieron a hacerlo a preguntas de su abogado. Ese fue el caso de Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte, quien a preguntas de su abogado, el exjuez Javier Gómez Bermúdez, señaló que la empresa de seguridad de Villarejo, Cenyt, fue contratada por el Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos. Insistió en que ignoraba que fuese de Villarejo.
También han comparecido ante el juez el exdirector de contabilidad Ricardo Gómez Barredo, Ignacio Pérez Caballero Martínez, director de la red de banca comercial del banco y exrresponsable de riesgos mayoristas, y Javier Malagón Navas, exdirector general de Finanzas. Todos se negaron a declarar ante el juez Manuel García-Castellón en relación con el presunto espionaje que el BBVA habría encargado de Villarejo y que podría haber supuesto el acceso a 15.000 llamadas de entonces miembros del Gobierno, empresarios y periodistas, según informó Moncloa.com.
