La policía atribuye a los cinco jóvenes antisistema detenidos el sábado en Barcelona y Almería por orden del juez Baltasar Garzón un total de 10 actos de vandalismo cometidos contra entidades bancarias y locales del área de Barcelona. Todos ellos pasarán hoy a disposición de la Audiencia Nacional, después de que se les aplicara la ley antiterrorista. ICV consideró ayer que esta medida de incomunicación es desproporcionada y la relacionó con "el retroceso de derechos y libertades" que, a su juicio, promueve el Gobierno.
Según el Ministerio del Interior, los cinco jóvenes, de entre 18 y 35 años, habrían participado en la colocación de artefactos explosivos y el lanzamiento de artefactos incendiarios en cinco cajeros automáticos, dos empresas de trabajo temporal y un bar situados en Barcelona y Viladecans, además de la sede de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) en la citada población barcelonesa. Asimismo se les acusa de haber colocado artefactos incendiarios en unas obras públicas de Gav .
EN CONTRA DE EUiA
Según Interior, el ataque a la sede de EUiA respondió a la voluntad del grupo de "denunciar el acaparamiento por parte de este partido político de la imagen de personajes históricos y de la cultura popular".
En alusión a estas detenciones, el portavoz de ICV, Joan Herrera, dijo ayer que "no puede ser que la aplicación no correcta de la ley antiterrorista se convierta en norma por parte del Gobierno" y advirtió de que la incomunicación "supone trabas importantísimas en la defensa de los imputados".
JOVENES ANARQUISTAS
El abogado de las familias de los detenidos, Jaume Asens, también consideró desproporcionada la medida. Asens explicó que los detenidos son "anarquistas" y algunos, miembros de un ateneo libertario de Viladecans, "pero no tienen nada que ver con una organización terrorista".
