El Tribunal Constitucional ha declarado nulo e inconstitucional un apartado del decreto de medidas para la normalización lingüística de la administración de Justicia, que abría la puerta a exigir a jueces, fiscales y magistrados un nivel de euskera para ejercer en el País Vasco. El alto tribunal entiende que la comunidad se extralimita en sus competencias, ya que los jueces, magistrados y fiscales solo pueden ser regulados por el Estado.
