Un error de forma impidió que Juan Antonio Roca conociera, por primera vez, lo que es sentarse en el banquillo de los acusados después de pasar 15 años al frente del urbanismo de Marbella y orquestar todos los desmanes que acabaron con la operación Malaya contra la corrupción municipal. El juicio oral por el denominado caso Incopromar se ha aplazado hasta el 26 de noviembre al no serle notificada a tiempo, según explicó el propio Roca al juez, la fecha del inicio a su abogado, que ayer no se personó en la sala.
El juicio se inició tras una denuncia de otra de las imputadas en el caso Malaya, Isabel García Marcos, cuando esta aún ejercía de mazo contra el gilismo desde el PSOE. Los hechos se remontan a 1996, cuando siendo Muñoz alcalde accidental firmó un convenio urbanístico con la sociedad Incopromar, que aumentó la edificabilidad de una parcela junto al paseo marítimo de 2.175 metros cuadrados a 9.600, y duplicó la altura de cinco a diez plantas. El fiscal pide 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para Muñoz, mientras que la acusación popular --PSOE, IU y Los Verdes-- pide para Roca seis meses de prisión y 20 años de inhabilitación.
