El Supremo cierra la puerta para que España se convierta en un tribunal penal internacional y establece que solo se podrán perseguir en nuestro país los delitos cometidos por extranjeros si estos se encuentran a disposición de la justicia española, no han sido juzgados en sus países y entre las víctimas hay españoles. Ese criterio lo anuló el Constitucional, que abrió la puerta para enjuiciar cualquier delito contra la humanidad. Sin embargo, los tribunales han ido cerrando esa opción al negarse a investigar hechos en los que no haya víctimas españolas.
