Los juristas del Gobierno aragonés consideran que no hay "causas que justifiquen la interposición de recurso de inconstitucionalidad" contra el decreto del Ejecutivo central que autoriza la obra para hacer llegar agua del Ebro a Barcelona, a través del minitrasvase a Tarragona. Los expertos aseguran que ese proyecto no es un trasvase, porque no hay cesión de agua entre dos cuencas, aunque señalan que sí lo sería la compra de derechos a los concesionarios de la cuenca del Ebro.
La Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón dio a conocer ayer el informe que le encargó el Ejecutivo autónomo sobre el decreto estatal que aprueba la cesión de agua del Ebro a Barcelona. Su conclusión final es clara: no hay razones para llevar el citado decreto ante el Tribunal Constitucional. En resumen, los especialistas concluyen que la obra no es una transferencia ni un trasvase de recursos entre dos cuencas, y que la construcción de la tubería no afecta a Aragón. Aunque añaden que comprar agua a los usuarios del Ebro sí sería un trasvase, por lo que sugieren que Aragón deberá vigilar esas operaciones, que sí exigirían un informe de Aragón.
LA DISTINCION Según el documento, no se detraen nuevos caudales del Ebro, pues se mantiene la limitación de la ley del minitrasvase (4 metros cúbicos por segundo y un máximo de 50 hectómetros cúbicos al año). Por las mismas razones, los expertos indican que la tubería que conectará el sistema del Consorcio de Aguas de Tarragona (que gestiona el minitrasvase) con el Ter-Llobregat no afecta a Aragón. Tras el documento redactado por los letrados del Ejecutivo autonómico, a final de esta semana se conocerá el otro informe encargado por el Gobierno a la Comisión Jurídica Asesora. A diferencia de los servicios jurídicos, que son parte, la comisión jurídica es un organismo independiente que presta asistencia cuando se le requiere.
