La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa penal abierta en abril por una denuncia del PSOE ante la Fiscalía que mantenía como investigado al presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), a dos de sus exconsejeros y a varios funcionarios de alto nivel de la Administración local por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación ligados a la incorporación y mantenimiento de un ingeniero en la estructura del sector público periférico.
En su auto de archivo, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, la magistrada subraya que "no habiéndose apreciado conducta prevaricadora, menos aún puede hablarse de ninguna malversación". A su juicio, "del conjunto documental aportado se acreditan la conformidad a Derecho de la designación que era objeto de investigación", aunque deja abierta la vía Contencioso-Administrativa para que el PSOE, si quiere, pueda seguir pleiteando.
"Nada obsta a que el denunciante plantee una posible nulidad, algo que evidentemente no ha hecho acudiendo a la vía penal cuando esta debería ser la 'última ratio' antes de resolver asuntos con un carácter eminentemente político. En cualquier caso, 'judicializar la política' no es algo que convenga ni a la propia Justicia ni a los intereses generales", reprocha en su resolución.
DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA
La instructora recalca que dos de los denunciados por los socialistas, el exconsejero de Medio Ambiente Fernando Ramos y el antiguo gerente de la empresa municipal Aguas de Ceuta, Juan Manuel Martín Portes, "ni siquiera guardan relación alguna con los hechos denunciados, puesto que son anteriores a las fechas de sus incorporaciones a Acemsa el 1 de diciembre del 2016 y el 13 de julio del 2017, respectivamente".
El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, presentó en abril una denuncia ante la Fiscalía basada en el argumentario sostenido por UGT por la supuesta incorporación irregular hace diez años de un ingeniero a la Administración autonómica. En su escrito reclamó que se indagase en los cambios de destino dentro de la Administración de un ingeniero, en las retribuciones que había percibido ("en el 2009 superiores a 5.500 euros mensuales") y en su adscripción a Acemsa, "en la que solo aparece el día de las elecciones sindicales".
