El ministro de Administraciones Públicas y secretario general del PP, Javier Arenas, negó ayer "tajantemente" que el Gobierno esté barajando la posibilidad de suspender la autonomía vasca en respuesta al desafío nacionalista al Tribunal Supremo. Horas antes, el líder de Izquierda Unida (IU) en el País Vasco, Javier Madrazo, había manifestado que le "consta" que el Ejecutivo central está planeando una medida de ese tipo.

Arenas dijo que el Gobierno "no va a caer en ninguna trampa", a pesar de que el PNV "está deseando que se produzca una intervención de estas características", en referencia a la negativa del Parlamento a acatar la orden judicial de disolución del grupo parlamentario de Batasuna.

LLAMAZARES Y ZAPATERO

El ministro tildó a Madrazo de "ejemplo de incoherencia" e hizo un llamamiento al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, para que "termine pronto este escándalo" y reflexione sobre "si es compatible mantener las alianzas con el PSOE y a la vez tener como máximo representante en Euskadi a Madrazo, que hoy está al servicio del desafío al Estado democrático".

También instó al líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a "transmitir a IU que el comportamiento de Madrazo es absolutamente intolerable". El dirigente de IU en el País Vasco había asegurado ayer mismo que el PP "está pensando" en aplicar el artículo 155 de la Constitución para, a través del Senado, "suspender la autonomía" de Euskadi o "la actividad" del Parlamento de Vitoria.

Madrazo aseguró que esa información procede de "muy buenas fuentes" del ámbito político y judicial y pidió al PP "que mida bien sus pasos (porque) no va a doblegar ni tumbar el autogobierno vasco ni la voluntad de la sociedad vasca, que reclama paz y convivencia". Además, auguró que los populares se "volverán a equivocar si siguen apostando por la confrontación con las instituciones vascas".

En la misma línea, el presidente del PNV en Vizcaya, Iñigo Urkullu, consideró que el objetivo "real" del Gobierno del PP es "intentar reducir la capacidad de autogobierno" de Euskadi.

La líder de EA, Begoña Errazti, opinó por su parte que Madrid está "planteando una guerra" contra los "derechos" de Euskadi, y que "el Estado puede llegar muy lejos". Errazti aseguró que existe "un intento del poder central de romper las instituciones vascas buscando cualquier argumento", y avaló la negativa del Parlamento vasco a obedecer la orden judicial de disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak (antes, Batasuna). Respecto a esta decisión, el PP y el PSOE invitaron al Tribunal Supremo a hacer ejecutar su decisión, y señalaron al presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, como principal responsable del incumplimiento.

Arenas hizo votos porque los jueces "actúen contra aquéllos que se niegan a cumplir sus decisiones (y que) no merecen estar en cargos públicos y de representación". El ministro del Interior, Angel Acebes, afirmó por su parte que está "absolutamente seguro" de que el Tribunal Supremo obligará al Parlamento vasco a cumplir su providencia.

El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, apeló a todas las instancias del Estado de Derecho para "anular las resoluciones del Parlamento vasco y depurar responsabilidades".

COMPLICIDAD CON BATASUNA

Aguilar tachó de "jurídicamente inaceptable" la actitud del PNV y EA de oponerse a la disolución del grupo de Arnaldo Otegi, y definió esta actuación como "la mayor evidencia de la complicidad que tienen (los nacionalistas) con Batasuna". A su juicio, los responsables son los partidos de la mayoría nacionalista, que han provocado el incumplimiento de la orden del Supremo.