Los máximos dirigentes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrimadas, intentaron ayer echar agua sobre el incendio que tienen en la Comunidad de Madrid sus respectivos líderes autonómicos. Ambos partidos gobiernan en coalición y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su vicepresidente, Ignacio Aguado, pasan por una grave crisis de confianza a raíz de las informaciones sobre al apartotel de lujo que la jefa del Ejecutivo ocupa desde el 16 de marzo.
Casado y Arrimadas mantuvieron por la tarde una reunión telemática de más de una hora de duración e informaron de ella en un comunicado conjunto para escenificar su sintonía. El balance de la colaboración en Madrid y en otros gobiernos autonómicos, escribieron, es «muy positivo».
Su relación difiere mucho de la que mantienen en la capital Ayuso y Aguado. Fuentes del Gobierno regional señalan directamente al vicepresidente de estar detrás de la filtración de la noticia a la revista Vanity Fair, que el lunes pasado publicó que Ayuso está alojada en un apartamento de la cadena Room Mate, de Kike Sarasola. El empresario cedió (de manera altruista, insiste él mismo) seis establecimientos para personal sanitario y personas mayores durante la pandemia. Pero la publicación en el Portal de Contratación de la Comunidad de un contrato de la Consejería de Políticas Sociales sobre la prestación de servicios sociosanitarios en los que aparecía como adjudicatario Room Mate, quebró todavía más la confianza entre ambos políticos.
Esa consejería está en manos de Cs y el contrato, según el Ejecutivo, fue un error. Estaba mal el adjudicatario y el importe, afirman. Tenía que ser de 240.443 euros y no de 565.749. Y debía poner Coordinadora del Tercer Sector en vez de Room Mate.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, anunció el cese del trabajador que cometió el «error humano» de colgar el contrato. Pero esa decisión no satisface a Ayuso, que ha anunciado una investigación y ha avisado de que «un consejero unilateralmente no puede destituir a un alto cargo».
NO ES UNA «GANGA» / La presidenta madrileña siguió ayer defendiendo su decisión de seguir en el apartotel, en la plaza de España, pese a la polémica. Se fue allí cuando anunció que se había contagiado de covid, el 16 de marzo, para, según ha argumentado, no contagiar a sus vecinos, vivir más cerca del despacho oficial (en Sol) y poder trabajar en un sitio «digno».
En Twitter aseguró que su alojamiento actual no es «de lujo» ni es una «ganga» ni «el hotelero ha hecho negocios con la Comunidad». «Se trata de una campaña para ocultar el desastre en el que han metido a España: así no hay desastre, hay un apartamento», escribió. Según fuentes del equipo de Casado, lo abandonará «en unas semanas». Mientras tanto, él y Arrimadas intentan mantener la buena relación, ya que sus partidos se presentarán juntos en las autonómicas.
