Quién paga el dinero que requisó Franco? Transcurridos más de 70 años es una deuda pendiente que asciende a unos 14 millones de euros y de momento la Administración no da una solución. Más de un millar de españoles reclaman un dinero que el dictador les incautó a través del Fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo. Eran, en vocabulario franquista, los billetes rojos que había puesto en circulación la República y que los particulares debían entregar. La única garantía para recuperar su dinero era un resguardo con el nombre del propietario y la cantidad. Este certificado acabó siendo un documento valioso para sus propietarios y un simple papel para el régimen.

Algunos de los beneficiarios ya han muerto, pero sus familias continúan reivindicando. La iniciativa surgió hace dos años de un grupo de catalanes. Ahora ya se han constituido como la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista y representan a unas 1.200 familias de toda España.

Han hablado con el Gobierno catalán y el central, el Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) y con partidos políticos, pero de momento solo han logrado buenas palabras. La secretaria de la asociación, Mari Carmen Macià, se muestra decepcionada con la respuesta de las administraciones, aunque asegura que no se pueden permitir perder la ilusión: "El no ya lo tenemos y debemos seguir luchando".

Pero a pesar de no haber perdido la esperanza lo cierto es que la ley de memoria histórica que ha redactado el Ejecutivo central no contempla la posibilidad de compensar a los perjudicados por la incautación de moneda republicana.

"ESCAPISMO" Esta asociación ha enviado tres cartas a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la respuesta que ha obtenido es que la ley tal vez no sea el instrumento para dar cumplimiento a esta petición. Además, un informe del propio Ejecutivo destaca que "el principal problema, en todo caso, es el largo tiempo transcurrido desde que se realizaron las incautaciones". Macià interpreta la respuesta como "escapismo puro y duro", y añade que la solución a sus peticiones solo la puede dar el Gobierno central. Han hablado también con la Generalitat, dado que la asociación se creó en Cataluña, pero tampoco les han dado una respuesta concreta.

ENMIENDA DE CiU El diputado de CiU en el Congreso Jordi Xuclà intentará que la reivindicación se tenga en cuenta en la ley de la memoria histórica y por eso ha presentado una enmienda al texto en el que se reclama que se busque una solución.

"El Gobierno debería realizar un censo de afectados y a partir de aquí todos aquellos que puedan aportar pruebas tendrán más fuerza si reclaman ante los tribunales", dice Xuclà. La propuesta de CiU incluye restituir a los perjudicados o a sus herederos los importes incautados actualizando las sumas en función del tiempo transcurrido.