La Confederación Española de Policía (CEP) estima que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la 'doctrina Parot' y exige la excarcelación de la etarra Inés del Río Prada es "un paso atrás en la lucha antiterrorista".
El secretario general de la CEP, Ignacio López, ha dicho que no está conforme con la resolución puesto que, a su juicio, la doctrina Parot se ha demostrado eficaz y la única capaz de resarcir a las víctimas del terrorismo tras su dolor.
López ha añadido que "es una aberración jurídica que una persona con veinticinco asesinatos cumpla la misma pena que si hubiera cometido uno". Y ha instado al Gobierno a que en breve instrumente medidas legislativas para "reconducir la situación".
Críticas al Ejecutivo
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha mostrado su desacuerdo con la sentencia, y estima que "parte de la responsabilidad la tiene el Gobierno del PP".
El portavoz del SUP, José María Benito, ha añadido que el Ejecutivo español deberá acatar una resolución "de la que es responsable en parte, pues no ha hecho nada por cambiar la legislación para que terroristas y otros delincuentes violentos cumplieran más tiempo de cárcel".
Por otra parte estima que "si las acusaciones que han actuado en el 'caso Faisán' se hubieran dedicado a apoyar la 'doctrina Parot' en ámbitos internacionales en lugar de acusar a policías, estaríamos en una situación diferente".
Caso por caso
El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha informado de que pedirá al Ministerio de Justicia y a la judicatura que miren caso por caso los de los etarras a quienes se ha aplicado la 'doctrina Parot'. El presidente de este sindicato policial, José Antonio Calleja, reconoció además que, de acuerdo con los servicios jurídicos del SPP, la sentencia, en principio, sería vinculante para España e incluso podría acarrearle sanciones si no la cumpliera.
Por lo demás, Calleja ha comentado que, si la sentencia fuera extrapolable al más de centenar de casos en los que se ha aplicado la 'doctrina Parot', sería "un grave retraso en la lucha antiterrorista", por lo que al menos confía en que se estudien individualmente y la resolución de Estrasburgo no se aplique de forma común a todos ellos.
