La Audiencia Nacional rechazó ayer practicar nuevas pruebas en la instrucción del 11-M. El fiscal tiene cinco días para presentar su escrito de conclusiones provisionales contra los 29 imputados. El juicio, previsto para el mes de febrero, posiblemente durará un año por el elevado número de abogados personados.

Los plazos juegan a favor de los acusados y en contra de las víctimas. Por ello, la sala penal de la Audiencia Nacional ha apretado el acelerador y ha avalado la decisión del juez Juan del Olmo de cerrar su investigación --tras más de dos años de instrucción-- para poder sentar en el banquillo a 29 procesados.

Varios abogados habían solicitado la reapertura del sumario para oír, por ejemplo, las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, del exministro del Interior Angel Acebes y del exministro de Defensa Federico Trillo, que detentaban el poder cuando se cometió la masacre de Madrid. Sin embargo, para los magistrados, esa pretensión no puede ser atendida porque no fue pedida al juez instructor.

Los jueces tampoco admiten --como pidió la Asociación Víctimas del Terrorismo-- la reapertura del sumario "para conocer a los verdaderos autores del atentado", ya que sostiene que en la vista "no se conocerá la verdad de lo que ocurrió". El tribunal no comparte esa tesis, aunque deja la puerta abierta para suspender el juicio "si se producen revelaciones o retractaciones inesperadas que sean sustanciales para el enjuiciamiento de los procesados".

PRUEBAS NO INCLUIDAS Los jueces también rechazan incluir en este proceso la supuesta falsedad documental cometida en un informe policial que en marzo del 2005 vinculó el 11-M con ETA por el hallazgo de ácido bórico en las casas de un islamista y de un etarra. Ese caso se tramita en un juzgado de Madrid y afecta a altos mandos de la policía, así como a tres peritos de la policía científica.