Sin sorpresas. La Audiencia Nacional condenó ayer a 21 miembros de Gestoras pro Amnistía por haber asumido las órdenes de ETA. La organización terrorista, según la sentencia, creó este colectivo "para derrocar al Estado". Los jueces ordenaron el ingreso en prisión de 12 de los 21 condenados y dictaron orden de busca y captura para Joseba Iñaki Reta, que no se presentó a la lectura de la resolución. Además, absolvieron a otros seis. Y acordaron "la disolución" e ilicitud del colectivo.

La sentencia desgrana la trayectoria del aparato político de ETA, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y sus sucesores Kas y Ekin, y explica que Gestoras se encargó, desde 1995, de asumir los planteamientos de este entramado. Por ello, "bajo la cobertura de prestación de asistencia humanitaria, personal, familiar y jurídica" a los presos, se encargó de mantenerles cohesionados. Los jueces admiten que el colectivo "no usa armas", pero sostienen que desarrolla otras actividades para subvertir el orden constitucional, al pretender "el repliegue de las instituciones del Estado".

LOS OBJETIVOS Los magistrados admiten que sus miembros no tienen "iniciativa propia", sino que se han subordinado a la estrategia de ETA. Por esta razón, afirman que este colectivo "no es solo una facción armada, sino que es el frente político". Y Gestoras "es una organización terrorista" que se encarga de "socializar" las actividades que ETA no puede llevar a cabo "por evidentes razones de clandestinidad".

La banda, según la sentencia, ha usado a este colectivo para mantener la cohesión "ideológica e ideologizada" de los presos en España y en el extranjero. Para ello, ha empleado a un equipo de abogados, llamado Adidas , que se ha encargado de transmitir "las instrucciones a las que deben someterse" los presos si no quieren ser expulsados de la banda. Además, Adidas permite a ETA tener información de primera mano de los procesos judiciales. Asimismo, Gestoras se ha encargado de "desacreditar" al Estado al denunciar "sistemáticamente" torturas. También ha buscado el repliegue de las fuerzas de seguridad "para dar entrada a sus propios cuerpos policiales procedentes exclusivamente del País Vasco".

Los jueces afirman que este colectivo se ha encargado de "señalar públicamente, aunque en términos figuradamente políticos", a las personas que no compartían su estrategia. Entre las personas marcadas figuran los miembros del poder judicial y los magistrados de la Audiencia. La identificación de una persona por parte de este movimiento facilita que se convierta en un objetivo de ETA, dice el fallo. A pesar de ello, la sentencia rechaza que Gestoras "coordine" acciones de kale borroka o que capte a personas para integrarse en la banda armada. También descarta que tuviera relación con el asesinato de magistrado José María Lidón. Los magistrados llegan a estas conclusiones tras analizar los numerosos documentos que se han intervenido tanto a los acusados como a destacados miembros de ETA.

Los jueces establecen dos tipos de responsabilidad entre los condenados. Imponen 10 años de cárcel a Juan María Olano, Aitor Angel Jugo y Julen Zelarain por considerarles dirigentes. Los otros 18 condenados han sido castigados con ocho años de prisión al ser su papel menor.

Por su parte, la portavoz de EHAK, Nekane Erauskin, tenía asumido, a la espera del fallo del Supremo, que el tribunal dictaría la ilegalización, y enmarcó esta decisión en la estrategia del PSOE tras la ruptura de las negociaciones con ETA: "Mucha gente se pregunta por qué ahora y no antes se da el paso de ilegalizar a ANV y EHAK".