Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comienzan hoy a estudiar el alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que ese tribunal es competente para investigar el genocidio aunque no haya víctimas españolas.

Esa decisión obliga a este tribunal a adoptar una posición para evitar que se pueda llegar a duplicar las funciones del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, ante el temor de que empiece a recibir querellas contra cualquier tipo de violencia cometida en el mundo.

En este sentido, los jueces han decidido posponer el examen de la demanda presentada en julio contra exdirigentes chinos por los crímenes cometidos en el Tíbet.

Fuentes de la Audiencia han adelantado que los magistrados barajan distintas posibilidades para evitar que este tribunal quede colapsado ante un previsible incremento de querellas. Por ejemplo, estudian solicitar a los afectados que se agrupen para favorecer las investigaciones, ya que es prácticamente imposible, por ejemplo, escuchar a los 200.000 de la dictadura de Guatemala (1978-1986), uno de los cinco casos abiertos en la Audiencia Nacional.