La Audiencia estableció ayer una indemnización de 900.000 euros para los familiares de los 192 muertos en el 11-M. Esta cuantía no aparecía en la sentencia que se hizo pública el miércoles. Por ello, el tribunal firmó un auto de aclaración para corregir este fallo. También acordó que, de esa cantidad, el Estado descuente a cada familia el dinero que ya ha percibido.
Además, los jueces subsanaron otro error, ya que en la sentencia habían condenado a Jamal Zugam y a Otman el Gnaui a 20 años de prisión por los heridos en el atentado. Ahora, reducen esa pena en un día por cada homicidio en grado de tentativa.
Esta rebaja supone que cada uno de los autores materiales del 11-M verá reducida la condena en cinco años. Pero no tendrá efectos prácticos, ya que las nuevas penas que se les imponen son de 42.917 años para Zugam y 42.919 para Gnaui. No obstante, ambos cumplirán un máximo de 40 años de cárcel.
Precisamente, estos dos acusados, con otros ocho condenados, iniciaron el jueves una huelga de hambre para protestar por sus penas. Los internos creen que han sido castigados injustamente. Seis de los presos están en el penal de Villena (Alicante) y los otros cuatro, en centros penitenciarios de Madrid.
Esas fuentes han dicho de que los reos permanecen en sus celdas y son controlados por los servicios médicos. Los 21 condenados por el 11-M han sido ingresados en módulos de aislamiento tras conocerse la sentencia, para garantizar su seguridad. De momento, se mantienen firmes e incluso alguno de ellos regresó a la cárcel --tras conocer la sentencia-- con buen humor y "cachondeándose" de los funcionarios.
LAS QUERELLAS El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) anunció ayer que la próxima semana va a ultimar el estudio de las querellas contra el dirigente del PP Ignacio Astarloa y el diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo y los periodistas Federico Jiménez Losantos, Fernando Múgica y Luis del Pino. El sindicato, mayoritario en el cuerpo policial, actuará contra ellos porque han cuestionado el trabajo policial del 11-M.
