La Audiencia Nacional ha confirmado la puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros decretada por Baltasar Garzón el pasado abril para el exsecretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga --con el fin de cuidar a su madre-- al estimar que este ha cumplido las medidas cautelares que le impuso el magistrado. La sección tercera de la sala de lo penal desestima, en un auto notificado ayer, el recurso de la fiscalía, que consideró que la circunstancia alegada por Usabiaga había sido "artificialmente creada".

El dirigente aberzale quedó libre con la obligación de rendir quincenalmente información sobre la atención dispensada a su madre, y de comparecer dos veces a la semana en el juzgado, así como con la prohibición de abandonar el territorio nacional. Unas condiciones que, según destaca el tribunal, Usabiaga cumple puntualmente.

Encarcelado el pasado octubre por intentar reconstruir Batasuna a través del proyecto Bateragune (Todos juntos), el exsecretario general de LAB alegó que debía cuidar de su progenitora porque esta había iniciado los trámites para acogerse a la ley de dependencia, requiriendo como cuidador a su hijo. La Audiencia subraya que la madre de Usabiaga padece un carcinoma que requiere quimioterapia y radioterapia, y que está "recluida en su domicilio, padeciendo además un notable cuadro depresivo, todo lo cual determina una situación de hecho no necesitada de declaración judicial alguna".

VALORACION "CORRECTA" Para la sala, Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones el 14 de mayo, hizo una valoración "correcta" de la situación del procesado teniendo en cuenta la ausencia de riesgo de fuga y su arraigo familiar y social.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reaccionó ayer al acuerdo con la afirmación de que Usabiaga "debería volver a prisión". "Respetamos lo que ha dicho la Audiencia Nacional pero la posición de la fiscalía es suficientemente conocida y demuestra el rigor y la dureza con las que se debe tratar a los terroristas y a los que colaboran con los terroristas", dijo.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), por su parte, denunció el "buenismo" de la justicia y mostró su "repulsa" por la decisión de la Audiencia, porque supone, dijo, "premiar" a los etarras que "se burlan de la justicia". En un comunicado, apuntó que los miembros del entramado de la banda terrorista "una vez más, demuestran que saben obtener beneficios --con la connivencia de las instituciones judiciales-- de los resquicios legales que les ofrece el Estado de Derecho, que dicen no reconocer". También el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, denunció que la medida "consuma la burla" de Usabiaga a la justicia.