La gestión de José María Aznar se enfrenta a su primer proceso judicial. La tragedia del Yak-42 será investigada en la Audiencia Nacional. Así lo decidió ayer la sala penal, que se declaró competente para investigar a los funcionarios del Ministerio de Defensa que no controlaron las irregularidades cometidas en ese vuelo y que llevaron a la muerte a 62 militares. También depurará la responsabilidad de los dos generales que firmaron erróneamente 22 autopsias.

La juez Teresa Palacios se negó a investigar este drama el pasado noviembre, cuando gobernaba Aznar. El Gobierno del PP se negó a asumir cualquier responsabilidad. Sin embargo, el Ejecutivo socialista ha cambiado de posición. El ministro de Defensa, José Bono, ha destituido a tres jefes de Estado Mayor, implicados en los hechos, y a los generales que firmaron las autopsias.

Las familias de las víctimas denunciaron en octubre al exsecretario y exsubsecretario de Defensa, Fernando Díez Moreno y Víctor Torre, y al secretario de Defensa, Francisco Javier Jiménez- Ugarte por las irregularidades cometidas en la contratación del avión. Esos familiares ampliaron su denuncia en enero a los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, por haber firmado erróneamente 22 autopsias.

CRITICAS A PALACIOS La juez no admitió a trámite esos escritos sin entrar a valorar si se habían cometido los delitos. Esta actuación ha sido criticada ahora por la sala de lo penal de la Audiencia. Los jueces sostienen que la investigación debe centrarse en fijar la responsabilidad en que hayan podido incurrir "determinadas personas españolas" antes y después del accidente, por supuesta dejación "de sus obligaciones en el control de la contratación y el modo de transporte" de los militares fallecidos. Las familias de las víctimas expresaron su satisfacción y anunciaron que pedirán que declare la cúpula militar destituida por Bono.

El tribunal considera que ha habido una concatenación de "irregularidades" por parte de Defensa, ya que el vuelo carecía de cualquier tipo de inspección y tenía "importantes defectos". Los jueces estiman que los delitos se han cometido fuera de España y que la Audiencia debe asumir el caso por su "complejidad".

Los magistrados opinan que los funcionarios de Defensa deben ser imputados por un delito con resultado de muerte cometido por omisión, ya que, de haberse llevado a cabo los controles, "quizá se hubiera evitado la muerte de los 62 militares".