Caso por caso. La fiscalía de la Audiencia Nacional ha optado por "reconducir" la aplicación del delito de injurias al Rey para evitar el "efecto multiplicador" o efecto llamada . Por ello, limitará la acusación a aquellos actos que constituyan sin lugar a dudas un insulto a la Corona. En los demás supuestos, rebajará el delito a una falta leve o grave de desórdenes públicos. El delito de injurias a la Corona ha tenido un corto recorrido en la Audiencia Nacional. Antes de que el juez Juan del Olmo ordenara, en julio del 2007, el secuestro de la revista El Jueves por una viñeta de los príncipes de Asturias en una explícita postura sexual, este delito se había reservado para perturbados que habían insultado en público al Rey.

Sin embargo, tras la imputación del dibujante Guillermo Torres y del humorista Manel Fontdevilla, los fiscales revisaron la escasa doctrina sobre el delito. En septiembre, jóvenes independentistas celebraron un acto en el que Jaume Roura y Enric Stern quemaron una foto de los Reyes cuando visitaban Girona.

Desde entonces, este tipo de protesta se multiplicó en Cataluña en solidaridad con los dos jóvenes imputados, juzgados y condenados en la Audiencia Nacional por injurias a la Corona. Esta sede judicial recibió hasta una docena de denuncias por este tipo de actos. Pero solo prosperó la denuncia que llevó al banquillo a 16 jóvenes que quemaron fotos del Rey en Girona, una semana después de hacerlo Roura y Stern.

El juez Fernando Grande-Marlaska abrió de oficio las diligencias y el fiscal les acusó de un delito de injurias. Sin embargo, el miércoles cambió la acusación por una falta de desórdenes públicos. El juez de lo penal, José María Vázquez Honrubia, les absolvió tras criticar duramente la actitud del fiscal. La decisión se interpretó en algunos medios como barra libre para cometer ese delito. La fiscalía no comparte este análisis; más bien al contrario. Fuentes fiscales han explicado que quemar fotos del Rey para menospreciar a la Corona es un delito. Por ello, defienden la condena a Roura y Stern. "El acto fue programado, se organizó una especie de aquelarre y ocultaron sus rostros cuando los Reyes estaban de visita oficial", apuntan. Pero pocas veces se repiten estas circunstancias.

JUECES LOCALES Así, la fiscalía se inclina por tratar el resto de actuaciones como una falta de desórdenes públicos, que deberán ser enjuiciados por los jueces locales: "No es lo mismo un acto de quema de fotos en tamaño real con los monarcas en la ciudad que prender recortes de periódico o fotocopias de sellos en tamaño folio". La fiscalía defiende la aplicación de este criterio para evitar más gestos de solidaridad que, lejos de mejorar la imagen de la Casa Real, la perjudican. Fuentes fiscales niegan que los Reyes hayan pedido un cambio de postura: "La Corona respeta la labor y la actuación de los tribunales y de la fiscalía".

Las fuentes reconocen la dificultad para acusar por este delito, al entrar en juego el derecho a la libertad de expresión. Pero los márgenes no son muy amplios. "La crítica a la institución es aceptable, pero no permite expresiones insultantes o el vilipendio", explican. Por ello, adelantan que la fiscalía acusará al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, quien llamó "crápula" al Rey. La Audiencia examina la próxima semana el recurso de Roura y Stern. Fuentes judiciales han adelantado que algunos magistrados no ven clara la comisión del delito. Las fuerzas de seguridad se han volcado en la persecución de las injurias a la Corona. Fuentes judiciales recuerdan el caso de un joven que en una noche de fiesta en Soria quemó una foto del Rey. La Guardia Civil levantó atestado, sin embargo la fiscalía consideró que la actuación no era delictiva y remitió el caso al juez local.