No hay tregua en el desencuentro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Popular a causa del proceso de paz. Ni siquiera tras el fallo del Tribunal Supremo conocido el jueves, que desestima una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias y exculpa de cualquier delito al líder de los socialistas vascos, Patxi López, por haberse reunido con miembros de la ilegalizada Batasuna. Los populares --que mantienen otra querella similar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco-- aparcaron ayer los argumentos jurídicos y echaron mano de la ética para continuar denostando el intento del Ejecutivo de alcanzar el fin de la violencia mediante el diálogo.

A falta de hecho delictivo, el líder de los populares, Mariano Rajoy, abrió el fuego la noche del jueves calificando aquel encuentro de julio entre Patxi López y Arnaldo Otegi de "inmoral". Ayer se le sumó su número dos, Angel Acebes, desde los micrófonos de la COPE, donde aseguró que el Supremo "no puede decir" que sea "lícito" negociar políticamente con los aberzales.

LA TREGUA DE 1998 El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, les dio la réplica desde el Gobierno al calificar de "inadmisible" la "doble moral" practicada por los conservadores. Rubalcaba recordó que cuando los populares mantenían contactos con Batasuna y con ETA --en la tregua que la banda declaró en 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar-- se trataba de reuniones "morales", en cambio, ironizó, estas no lo son si quien las realiza son dirigentes del PSOE. "A eso se le llama doble moral", resumió el ministro.

Idéntico razonamiento aplicó el secretario de organización del PSOE, José Blanco, desde Oporto (Portugal), donde clausuró la octava reunión del Partido Socialista Europeo. Blanco recordó que la querella de Manos Limpias que rechazó el Tribunal Supremo iba dirigida también contra su persona, y aseguró que el alto tribunal resolvió lo correcto porque "no es concebible que reunirse con una persona pueda ser delito en un país democráticamente avanzado". Blanco criticó al partido conservador porque "cuando las sentencias no le gustan, pone dificultades".

MAGISTRADO CONSERVADOR Ni los razonamientos que acompañan el fallo del Supremo ni el hecho de que fuera una resolución unánime de la Sala de lo Penal, que preside Juan Saavedra, elegido en su día a propuesta de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, detuvieron los ataques del PP al Gobierno. A las consideraciones de Acebes sobre el auténtico significado de la resolución --que a su juicio no avala la "negociación política" con Batasuna--, se sumaron los juicios del responsable económico del PP, Miguel Arias Cañete, que insistió en la falta de "legitimidad" de los intentos del Gobierno por "abrir nuevos caminos" para buscar el fin de ETA.

Cañete aprovechó una convocatoria de prensa para presentar una conferencia económica del PP para opinar sobre lo erróneo de la lectura que el Gobierno ha hecho de la resolución judicial del alto tribunal. "La negociación política es condenable por sí misma, pues pagar un precio político en el marco de una negociación supone legitimar el terrorismo como instrumento de acción política; y eso no lo legitima ni el Supremo, ni el Constitucional", remachó.