Todos los consejeros de Educación de las autonomías gobernadas por el PSOE han exigido este jueves la "derogación" del decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y bachillerato, las conocidas como reválidas, y avisan de que si el Ministerio de Educación persiste en su implantación, este "no contará" con la colaboración de los socialistas.

Los responsables autonómicos de Educación han hecho público un comunicado en el que urgen al ministro Íñigo Méndez de Vigoa convocar una reunión de la conferencia sectorial, "como muy tarde en la primera semana de septiembre", en la que, según han anunciado ya, pedirán explicaciones por la forma en que se ha aprobado el decreto (el viernes pasado por un gobierno en funciones). Consideran que se trata de un "despropósito", un "atropello" y una "provocación".

"El Gobierno debe saber que no se puede ni se debe gobernar contra la mayoría y que, si lo hace, pone en grave riesgo el sistema democrático. Es hora de poner fin a esta forma de actuar", indican los socialistas, que se suman, con su rechazo, a Cataluña, que ya anunció el fin de semana pasado que no aplicará los exámenes de reválida previstos por el Gobierno central. También la Consejería de Educación de Castilla y León, comunidad gobernada en este caso por el PP, ha expresado en las últimas horas, en una entrevista en 'El País', sus dudas a cerca de las reválidas, que ponen en juego el futuro de muchos jóvenes.

INCAPAZ DE DIALOGAR

El PSOE reprocha al ministerio que no haya sido capaz de dar la "respuesta democrática que merecen toda la comunidad educativa y las administraciones públicas" opuestas a la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), por lo que han decidido impulsar "un gran acuerdo" en cada una de las comunidades para manifestar tal "rechazo" y pedir la derogación "inmediata".

Los consejeros entienden que se pone de manifiesto la "incapacidad" de este gobierno y del Partido Popular para alcanzar el más mínimo acuerdo educativo y recuerdan que solo las consejerías gobernadas por el PP manifestaron su apoyo al proyecto de decreto en su momento (5 de 17 comunidades). "La aprobación es, por encima de todo, una provocación -subrayan-, un modo de demostrar que con mayoría absoluta o sin mayoría absoluta el PP no va a cejar en su empeño de llevar hasta sus últimas consecuencias los cambios previstos en la LOMCE".

Las comunidades con consejero socialista de Educación son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura.