Las acusaciones populares suelen solicitar unas penas muy superiores a las de la fiscalía, pero en el caso de los atentados del 17 de agosto de 2017 la diferencia alcanza cifras astronómicas, al entender las primeras que los acusados deben responder por los 15 asesinatos que se realizaron en los atropellos y los 150 heridos, mientras que el ministerio público considera que no. Una de ellas, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicita, entre otras penas, 15 prisiones permanentes, una por cada asesinado en los atentados, para el superviviente de la explosión del chalé de Alcanar y la persona que alquiló el coche con el que se perpetró el atropello de las ramblas.
El primero, Mohamed Houli Chemali, se enfrentaba a 41 años por parte de la fiscalía, mientras que el segundo, Driss Oukabir, a 36. Para la AVT ambos deben responder por 15 delitos de asesinato y otros 150 intentados, por los heridos que se produjeron en los atentados. Por cada uno de estos deben responder con 15 años de prisión, lo que asciende a 2.250 años de cárcel, a los que se deberían sumar 12 más por integración en organización terrorista, 15 por depósito de explosivos, 20 por estragos y 30 por dos lesiones que se produjeron en Alcanar.
Para el tercer acusado, Said Ben Iazza, como colaborador de la célula, solicita 10 años de cárcel y multa de 24 meses con cuota diaria de 10 euros, a los que suma otros 15 años de cárcel por un delito de depósito de explosivos, lo que hace un total de 25 años de cárcel, frente a los ocho que solicitaba para él el ministerio público.
La AVT no pide pena alguna para el joven Pau Pérez al que Youness Abouyaaqoub mató para hacerse con su vehículo y huir de Barcelona, tras haber cometido el atropello de La Rambla, porque solo puede responder por este terrorista que acabó siendo abatido por los mossos puede responder por él, ya que lo improvisó sobre la marcha.
