Esto es lo que afirma un informe elaborado por el PSOE de la localidad. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, está escrito en base a la consulta de los decretos y resoluciones del alcalde y los concejales en el archivo y en Secretaría, licitaciones públicas y acceso a algunos expedientes en el Ayuntamiento. De este modo, detalla que la compañía Easy Concept recibió 11.900 euros por la organización de la ofrenda floral de las fiestas patronales de 2006, 2007 y 2008, además de 30.000 euros de la organización ferial del libro y de los actos conmemorativos del cuarto centenario de la publicación de 'El Quijote'.
También especifica que la empresa Special Events, ligada al cabecilla de la red, Francisco Correa, obtuvo 11.500 euros por la presentación del programa europeo Youthstar y 9.900 euros por el alquiler de equipos de iluminación y sonido, generadores y escenario para la ofrenda floral de las fiestas patronales de 1997. Además, facturó 6.300 euros por el escenario de la ofrenda floral de 1998, 8.300 euros por unos buzones de madera en el año 1998, 19.600 euros por la contratación de autobuses y guías de Londres y 5.500 euros por el Stand Ficar en el mismo año.
A estos contratos se suman otros similares con las compañías Hispánica, Teconsa, Begar Medio Ambiente-Seralia, Grupo de Comunicación Publicitaria (GCP), Publicidad Cuatro Caminos y FCS Travel Group, según el PSOE. La portavoz de la agrupación socialista de Arganda del Rey, Victoria Moreno, aseguró a Europa Press que el Ayuntamiento ha utilizado 50 millones de euros "para algo para lo que no los tenía que utilizar". "Se han desviado fondos de los ciudadanos para otros fines que no eran los que deberían", agregó.
Desde la primera legislatura
El informe destaca que las empresas que el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón vincula a la trama llevan trabajando en Arganda desde la primera legislatura en la que gobernó el PP (1995-1999), aunque por aquel entonces "los trabajos que se les contrataban era testimoniales". Así, detalla que por aquel entonces los importes de los contratos eran reducidos, "nunca por encima de los 2 millones de pesetas", por lo que mantiene que se podía decidir "directamente" qué empresa prestaría los servicios o recibiría los contratos del Consistorio.
Recalca que en la segunda legislatura (2003-2007) la trama "se implanta con firmeza y se empiezan a implicar en proyectos asociados a la construcción y a la obra civil". También sostiene que en la actualidad "algunas de las compañía Gürtel estén trabajando o tienen contratos en vigor con el Consistorio".
Implicados
El informe además hace una descripción de los principales implicados en la trama, entre los que destacan el ex alcalde Ginés López, el ex concejal Benjamín Martín Vasco y el ex jefe de gabinete de la Alcaldía Tomás Martín Morales. Los socialistas subrayan que desde la Alcaldía "se mandataban buena parte de los contratos con empresas asociadas a la trama que dirigía Correa durante el periodo 2003-2007" y recuerdan que Garzón imputa a López los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita y blanqueo de capitales y falsedad, además del cobro de comisiones por valor de 523.439 euros por su mediación en la adjudicación a Martinsa de la UE-124.
De Martín Vasco destacan que era la persona que promovió en la primera legislatura del PP la constitución de la empresa municipal Fomento y Desarrollo Municipal y que por sus manos pasaban "las primeras actuaciones de la trama en Arganda". Martín Vasco está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad, además del cobro de comisiones por importe de 450.000 euros. Se le ha impuesto una fianza de casi 1 millón de euros.
Finalmente, insisten en que Martín Morales, conexión entre el Gobierno del PP y la gestión de Fomento y Desarrollo Municipal, participa "activamente" en la adjudicación de contratos de "máxima relevancia, como el cubrimiento de la piscina municipal del barrio de La Poveda". Tras su paso por Arganda, Martín Morales se trasladó al Ayuntamiento de Boadilla para asumir la Dirección general y la Vicepresidencia de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
El PSOE también mantiene que junto a estas personas, hay otras que componen el actual equipo de Gobierno y que han autorizado con su firma la contratación de empresas relacionadas con la trama, entre los que citan al actual regidor, Pablo Rodríguez Sardinero; la portavoz del PP en la localidad, Sonia Pico; la concejal de Economía, Olga Carmona; la concejal de Hacienda, María Pino; el concejal de Seguridad y Movilidad, Miguel Angel Asenjo; el concejal de régimen Interior, Amalia Guillen, y el consejero delegado de Fomento y Desarrollo Municipal desde 2006, Juan Fernández Caballero.
