El anuncio hecho en septiembre por José María Aznar de que iba a "barrer" las calles de delincuentes se concretó ayer con la aprobación, en el Consejo de Ministros, de un anteproyecto de ley que endurecerá la prisión provisional para los reincidentes y los integrantes de bandas organizadas. La iniciativa contempla, por primera vez, la aplicación de esa medida cautelar a los imputados por violencia doméstica.

La reforma legal supondrá el ingreso inmediato en la cárcel de carteristas o tironeros habituales y de falsificadores o proxenetas integrantes de bandas a los que, por la levedad de sus delitos, la normativa vigente permite disfrutar de libertad hasta el juicio. Respecto a los autores de violencia doméstica, quedarán en prisión preventiva tanto los imputados como aquellos que incumplan una medida cautelar que ya les haya sido impuesta, como el alejamiento de la víctima.

HASTA DOS AÑOS

Lo que no varía es el tiempo máximo de prisión provisional. Esta se mantiene en dos años, prorrogables en otros dos, para delitos graves. Y se mantiene en un año para delitos leves. La única novedad es que, en estos casos, la prórroga se reduce de un año a seis meses para adaptar el texto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El ministro de Justicia, José María Michavila, afirmó en rueda de prensa que la iniciativa constituye un "nuevo paso" en la lucha contra la delincuencia. Michavila rehusó aventurar qué efecto tendrá la medida en la población carcelaria. Alegó que lo que se busca "no es que haya más presos, sino menos delitos".

ESTRATEGIA

El endurecimiento de la prisión provisional forma parte de la ofensiva que ha lanzado el Gobierno contra la delincuencia común y el terrorismo. Dentro de esa estrategia aprobó, la semana pasada, el anteproyecto para aumentar las penas máximas de 30 a 40 años y endurecer el acceso a los beneficios penitenciarios a los terroristas y autores de delitos muy graves.

Aunque comparte los puntos esenciales de las iniciativas, el PSOE ha criticado al Gobierno por las formas utilizadas. Para los socialistas, el Ejecutivo se ha precipitado a adoptar las medidas para tapar el escándalo del petrolero Prestige y para ganarse, cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo, a un electorado inquieto por el aumento de la delincuencia callejera. Otras formaciones --PNV, IU y EA-- han criticado con dureza tanto las formas del Ejecutivo como el fondo de sus iniciativas.

A la polémica se han sumado las voces de juristas que denuncian una "manipulación" del Gobierno respecto a los efectos tangibles que tendrá el endurecimiento de penas para los terroristas. Recuerdan que la medida sólo podrá aplicarse a delitos que se cometan tras la aprobación de la reforma, con lo que los etarras en prisión y los reclamados por la justicia seguirán con los beneficios vigentes.

OPTIMISMO

Pese a las críticas, Michavila confió en que la iniciativa obtenga amplio consenso en el Parlamento. En ese sentido, apeló al "sentido común" del resto de fuerzas y subrayó la "probada" disposición al diálogo del Gobierno.

El ministro del Interior, Angel Acebes, afirmó ayer que la reforma será importante para la "moral" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se desaniman al "tener que detener hoy a un delincuente y tener que detenerlo de nuevo pasado mañana".