Sin que se haya aclarado aún si José María Aznar se llevó o no de la Moncloa informes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un nuevo escándalo se precipitó ayer sobre el expresidente del Gobierno. A sólo tres meses de las elecciones generales de marzo, el Ejecutivo de Aznar contrató a un lobi de EEUU para que ayudara al presidente a lograr la ansiada Medalla de Oro del Congreso estadounidense, una distinción, por cierto, que aún no ha sido otorgada.
AL CONSEJO DE MINISTROS El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través del entonces embajador en Washington, Javier Rupérez, contrató en diciembre los servicios de Piper Rudnick, un potente bufete de abogados con oficinas en 14 capitales de EEUU. El documento, que ayer fue destapado por la cadena SER, refleja que la tarea de esta firma iba a ser ayudar al Gobierno español a mejorar sus vínculos con EEUU desde la óptica diplomática y de imagen, así como a "estrechar sus relaciones con el Congreso estadounidense". El Consejo de Ministros autorizó esta contratación, pero no hizo público el acuerdo, según fuentes conocedoras del expediente.
El desembolso inicial, a cargo de la Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores e Iberoamérica, fue de 700.000 dólares para los primeros siete meses. Después, el contrato establece que Exteriores pagará 100.000 dólares mensuales hasta completar los dos millones de dólares concertados, 1,7 millones de euros.
GESTION EXITOSA Gobiernos de todo el mundo contratan a empresas como Piper Rudnick para defender sus intereses en EEUU, donde los lobis juegan un papel trascendental en el mundo de la política de las finanzas. También lo hizo el Ejecutivo socialista en los años 80.
Lo que no es tan habitual es que, según refleja una minuta del 2 de marzo, este bufete facturase a Exteriores 91.000 dólares --casi 75.000 euros-- por haber logrado las firmas de congresistas y senadores necesarias para que Aznar obtuviese la medalla del Congreso de EEUU.
La eurodiputada del PP Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores cuando se firmó este contrato, confirmó la existencia del acuerdo con este lobi, pero lo justificó. Argumentó la ministra que la propuesta del Congreso de condecorar a Aznar es anterior a la contratación de Piper Rudnick, pero reconoció que este bufete "colaboró" con la embajada en la búsqueda de "apoyos" entre los parlamentarios estadounidenses. ¿Con qué pretexto? Pues que la condecoración de un presidente del Gobierno siempre "concierne a los intereses de España", según Palacio.
"No hay peor mentira que una media verdad", clamó la exministra para negar que el firmado por la embajada en EEUU fuese "un contrato turbio". Según sus datos, el documento siguió "todos los pasos de las contratación pública" y contó con la supervisión del Estado. También subrayó que este documento fue entregado al equipo socialista en el traspaso de poderes, y que no ha renunciado a los servicios de este lobi.
Ramón Gil-Casares, que como secretario de Estado de Asuntos Exteriores tuvo que autorizar los pagos al bufete Piper Rudnick, agregó que el contrato inicial fue "perfectamente legal" y de "carácter general", sin alusiones concretas a la medalla de Aznar.
EL PSOE PIDE CUENTAS En León, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega anunció ayer que el Gobierno esperará a las explicaciones de Aznar para pronunciarse sobre este escándalo. No esperó tanto José Blanco, secretario de organización del PSOE, que instó al líder del PP, Mariano Rajoy, a "tipificar" si este asunto es "despilfarro, malversación de caudales públicos o corrupción".
Pero la formación más combativa fue IU-ICV. Tanto el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, como Joan Herrera, portavoz de Iniciativa en el Congreso, reclamaron que la fiscalía investigue si Aznar incurrió en un delito de "malversación de fondos públicos".
