La caída del PP en los sondeos, acentuada por la crisis del Prestige y por la incógnita de la sucesión, ha disparado las alarmas en el Gobierno. José María Aznar ha pedido a sus ministros que diseñen un ambicioso programa social que lanzará tras la batería de reformas legales contra el terrorismo y la delincuencia común. Fuentes de la Moncloa apuntan que el presidente quiere cumplir todo el programa electoral para asegurar a su sucesor el apoyo de los votantes fieles al PP, que en 1996 le brindaron una ajustada victoria y hace tres años abonaron su mayoría absoluta.

Aznar presume de cumplir su palabra. Por eso en el 2000 renunció a adelantar las elecciones generales, y por idéntico motivo hace un año, en el congreso del PP, formalizó su renuncia a la reelección. No es de extrañar, pues, que al encarar la recta final de su estancia en la Moncloa se haya empeñado en materializar las promesas electorales que tenía aparcadas y que, según sus colaboradores, constituyen "la esencia ideológica" del proyecto que diseñó en la oposición.

EL ´VOTO PRESTADO´

Los estrategas de la Moncloa dan por descontado que, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, el PSOE recuperará en las urnas a parte de los votantes centristas que en el 2000 le castigaron por su crisis de liderazgo. Aparte de intentar paliar la pérdida de ese voto prestado, el objetivo del PP es afianzar el apoyo de su propio electorado, cuyas prioridades, según los colaboradores de Aznar, son la seguridad, las políticas de bienestar y la vertebración nacional.

Esta vuelta de los populares a sus orígenes ha tenido su primera fase en la reforma penal contra ETA y el cerco a los delincuentes en general y a los reincidentes e inmigrantes en particular. El siguiente paso responde a uno de los eslóganes del programa electoral del 2000: "Cuidar lo esencial: las personas".

CUATRO GRANDES PLANES

Los protagonistas de esta inminente ofensiva legal serán Eduardo Zaplana, titular de Trabajo y Asuntos Sociales, y Ana Pastor, ministra de Sanidad y Consumo. El presidente les ha ordenado que pongan en marcha las reformas sociales dividida en cuatro grandes planes sectoriales.

La iniciativa más relevante es la nueva ley de familias numerosas, que sustituirá a la vigente desde 1971. Las parejas con tres o más hijos tendrán preferencia al elegir colegio, ayudas para la compra de vivienda, bonificaciones del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y, si ambos cónyuges trabajan, desgravaciones por contratar a personal para el cuidado de los menores. Medidas que se sumarán a 400.000 nuevas plazas en guarderías.

Zaplana también prepara una ley de igualdad de trato y no discriminación, orientada a la plena equiparación de las mujeres con los hombres. Norma que se complementará con un plan laboral destinado a reducir la alta tasa de paro femenino, mejorar sus condiciones salariales y alentar su promoción profesional.

Se aprobará una ley marco de integración social para los discapacitados, cuyo estatuto patrimonial quedará regulado para que tengan cubiertas sus necesidades económicas al independizarse.

Junto a la ministra de Sanidad, el titular de Trabajo diseña también un plan de asistencia para las personas mayores que no pueden valerse por sí mismas.

Otro de los objetivos de Aznar es completar el plan diseñado en 1995 para completar el Estado autonómico. "La tarea ya no es la construcción autonómica sino la armonía, que el equilibrio del conjunto garantice la estabilidad y el correcto funcionamiento institucional", aseguró el presidente.