El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el paquete de medidas contra la corrupción y la regeneración de la vida política, que prometió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación. Las novedades afectarán a una quincena de leyes y se pueden agrupar en tres grandes grupos: el de la financiación de los partidos políticos, la creación de una estatuto que regule a los cargos públicos y el endurecimiento de las medidas procesales y penales contra la corrupción. Entre las medidas anunciadas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destaca la prohibición de las entidades bancarias de perdonar deudas a los partidos. Además, todos los fpartidos políticos deberán presentar sus cuentas en el Tribunal de Cuentas. Y se prohibirán las donaciones de personas jurídicas o empresas a los partidos políticos.
Sobre el paquete de medidas anticorrupción, el Gobierno presenta tres paquetes normativos: ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, ley reguladora del ejercicio del cargo público de la administración general del estado, y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción, según informó a los grupos el pasado noviembre.
La primera de las leyes incluye "la comparecencia anual obligatoria del responsable financiero de cada partido ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas", "la obligación de publicar en la web de los partidos todas las subvenciones recibidas, así como las donaciones superiores a la cantidad que se determine" y "la definición de fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y determinados organismos públicos como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses", entre otros.
Condenados por terrorismo
La segunda supone la "codificación de derechos y obligaciones del cargo público", "la ampliación del régimen de publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales", "la homologación total del régimen de protección social para que los cargos públicos contribuyan al régimen de protección social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores públicos" y la delimitación de los gastos de representación. Además, los condenados por terrorismo no podrán ocupar altos cargos en la administración "mientras no se les cancelen sus antecedentes penales".
El resto de medidas se refieren a la reforma del Código Penal, cuyo trámite parlamentario arrancó este jueves. En este caso, las propuestas del Gobierno se refieren, por ejemplo, a tipificar el delito de financiación ilegal de partidos y "una nueva pena de inhabilitación especial en los delitos de tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegales para prohibir a los condenados --además de contratar con la Administración Pública-- recibir subvenciones o ayudas públicas, o recibir beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social".
