Los dirigentes del PP y sus imputados por casos de corrupción han empezado a lanzar un goteo de denuncias que supuestamente probarían la teoría de la persecución lanzada por los conservadores. Uno de ellos, el extesorero del PP Jesús Bárcenas, pidió ayer amparo al Senado por el supuesto acoso al que le sometió la policía a finales de junio. Y el portavoz del partido, Esteban González Pons, acusó a la fiscalía de Sevilla de paralizar la acusación de cobro de comisiones contra responsables municipales del PSOE mostrando cintas de conversaciones de los imputados. La queja de Bárcenas se basa en una rocambolesca historia, según la cual, dos policías utilizaron "artimañas y falsas excusas" para entrar en su domicilio sin orden judicial. El senador pide que la Cámara alta se persone en la denuncia que presentó por estos hechos porque suponen "una inadmisible forma de intimidación" a un parlamentario sin "precedentes en España".
Al mismo tiempo que recibía la queja de Bárcenas, el Senado iniciaba los trámites para levantarle la inmunidad por su presunta implicación en el caso Gürtel .
