Mariano Rajoy lleva un mes y medio pidiendo a sus compañeros de filas apoyo para salvar a Cataluña de la quiebra económica. "Lo que le pase a uno repercute a absolutamente a todos (...) Aquí vamos todos juntos", les dijo a sus barones el 3 de abril en la junta directiva. Y el lunes volvió a reclamarles públicamente "generosidad" y "altura de miras". Pero el presidente del partido conservador y jefe del Ejecutivo no está teniendo demasiado éxito. Varios de los dirigentes regionales están decididos a presentar la batalla y ayer se revolvieron contra la posibilidad de que Cataluña pueda disponer para este año de un déficit superior a la mayoría de autonomías. Extremadura, Madrid, Aragón y --en segundo plano, pero también quejosas-- Galicia y La Rioja son las comunidades del Partido Popular que se oponen a que Rajoy tenga ese gesto con Artur Mas. Todas cumplieron el año pasado y cerraron sus cuentas por debajo del límite (1,5% ) mientras Cataluña alcanzó el 1,96%.
"Ahora Hacienda quiere flexibilizar a quien dice no a la Constitución y también a Hacienda", señaló el presidente extremeño, José Antonio Monago (ver EL PERIODICO de ayer). "Mas Quiere cambiar dinero por independencia", aseguró el madrileño, Ignacio González.
El Gobierno de Aragón insistió en que todos tienen que tener la misma meta. "El objetivo debe ser igual para todos. Estamos en contra de que haya diferencias entre unos y otros. No puedo ser ya más claro", remarcó ayer el consejero de Presidencia del Ejecutivo aragonés, Roberto Bermúdez de Castro.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo (Galicia) confía en que la "generosidad" se combine con algún aliciente a las comunidades que "no son un problema". Y Pedro Sanz (La Rioja) se mostró preocupado por que esa comprensión con las más endeudadas aplace la salida de la crisis.
Pero de entre todos los barones, los dirigentes de Madrid y Extremadura son los que con más ahínco reprueban la posibilidad de que la comunidad catalana pueda disponer de más margen que la media para evitar recortes tan importantes como los del año pasado, una opción que, de hecho, el Ministerio de Hacienda ofrecerá también a Valencia, Murcia, Baleares (gobernadas por sus compañeros del PP) y Andalucía (PSOE).
POSTURA EXTREMEÑA Ayer, la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Cristina Teniente, abundó en el tema y recordó que en el primer Consejo de Político Fiscal y Financiera (CPFF) tras las últimas elecciones autonómicas, en 2011, se rechazó la posibilidad de establecer un déficit asimétrico por la imagen que se podía dar a la Unión Europea.
Se dijo "no" a la posibilidad de flexibilizar el objetivo para algunas CCAA que, como Castilla-La Mancha y Extremadura se había encontrado con el cambio de gobierno con déficit en torno al 10 y el 7%, respectivamente, porque "qué visión se daba desde España a Europa", indicó Teniente.
Asimismo, recordó que en aquel CPFF se pidió que se tuviera en cuenta el esfuerzo que debían hacer algunas regiones frente a otras, ya que el déficit de Madrid estaba sobre el uno por ciento. "Lo que no puede ser es que Cataluña convierta una reivindicación que era lógica hace dos años, en una reivindicación injusta", subrayó Teniente, porque algunas regiones como la suya han hecho un "sacrificio inmenso" y ahora ese esfuerzo "se penalice".
Teniente aseguró que Extremadura sigue mantenimiento la misma posición "de justicia", que no está ni más ni menos alejada del Gobierno que antes porque no hay ninguna información oficial de que se vaya a establecer un objetivo de déficit asimétrico.
FINANCIACION Entre tanto, el departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene sobre la mesa un plan de déficit asimétrico en el que daría el mismo trato a todas las autonomías del arco mediterráneo, una estrategia que parece que no ha convencido a algunos barones conservadores, que insisten en colocar la lupa sobre Cataluña. Según fuentes autonómicas, el límite que podrían compartir es del 1,8%, superior en seis décimas al global, del 1,2%, al que se ha comprometido el Gobierno central ante Bruselas.
¿Quién asumiría ese déficit adicional? Una solución que está teniendo en cuenta Hacienda es que sea el Estado el que absorba ese margen, algo que el presidente madrileño siempre reclama. En la última reunión que hizo el grupo de trabajo creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para empezar a abordar este asunto, el representante de Madrid aseguró que su línea roja era que, si el Ejecutivo acaba imponiendo el déficit a la carta, sea solo por un año.
Cada vez son los miembros del Gobierno que dan por hecho que será así. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, declaró que "una óptica realista es tener en cuenta las diferencias de quien es diferente". Beteta también se refirió ayer al siguiente problema al que el Ejecutivo tendrá que hacer frente: el nuevo modelo de financiación autonómico, que caduca el 31 de diciembre.
El secretario de Estado reconoció que es probable que el Gobierno central aplace la aprobación del nuevo diseño hasta 2015, cuando se confía en que la situación será mejor y habrá "más tarta" que repartir, usando una de sus metáforas. Y, como ocurrió en la última revisión, apuntó, "se le podría dar efecto desde 2014".
Además de los barones, Rajoy también vio ayer cómo el díscolo ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se atrevía a decir que el Gobierno no tiene la receta para salir del atolladero. "En esta crisis no sabemos cuál es la solución y empezamos a pensar que lo que estamos haciendo no es suficiente o que no son adoptadas las medidas a tiempo", dijo en un desayuno de Cinco Días .
