Batasuna presentó ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la orden de disolución de su grupo parlamentario. Mientras, los socialistas vascos decidieron ayer enviar al Tribunal Supremo las actas que recogen las reuniones de la Mesa y la junta de portavoces del Parlamento sobre la disolución del grupo de Batasuna con el fin de dejar claro que ellos abogaron por cumplir la orden judicial.
El abogado Iñigo Iruin, en representación de la ilegalizada Batasuna, fue quien presentó ayer el recurso ante el Constitucional. Iruin sostiene en su escrito que la medida de disolución del grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (la antigua Batasuna) "no está prevista en la ley, ni en la de partidos ni en ninguna otra". El abogado añade que la sentencia que ilegalizó a Batasuna tampoco contempla la ilegalización de su grupo parlamentario porque son dos órganos jurídicos diferentes.
ENVIO DE ACTAS
El PSE, por su parte, decidió enviar al Supremo las actas de las reuniones en las que se discutió sobre la disolución de Sozialista Abertzaleak para dejar claro que no se negaron a acatar la orden para dejar fuera de juego a ese grupo. Los socialistas ya solicitaron al presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, que incluyera las actas en la documentación que remitió al Supremo para darle cuenta de la "imposibilidad" de disolver a los herederos de Batasuna. Al conocer a primera hora de ayer que Atutxa había decidido esperar a que el tribunal o la fiscalía le reclamen esos documentos oficiales, el PSE optó por enviarlos.
Por otro lado, Aralar, la formación nacida de una escisión de Batasuna, anunció ayer que hoy no tomará posesión de las concejalías que hubieran recaído en las plataformas ilegalizadas en caso de que los votos obtenidos por éstas hubieran sido contabilizados. Esta decisión se adoptó en una asamblea del partido el pasado día 7 y afecta a cinco de los seis municipios donde ha obtenido representación.
"GRAVE DEFICIT DEMOCRATICO"
La nota difundida por Aralar insistió en el "grave déficit democrático" del proceso electoral y recordó que siempre habían dejado clara su disposición a reconocer la "plena legitimidad" de los votos obtenidos por los ilegalizados. Matizaron que, a partir de ahora, estudian cómo "se puede cristalizar esa legitimidad en los ayuntamientos". Aralar se comprometió a poner en marcha vías de "democracia participativa" con otras fuerzas políticas.
De momento, PNV y EA han aparcado su idea de posibilitar gestoras municipales, pero no descartan facilitar la participación de los batasuna en la gestión de los municipios.
