Nada de lo que la izquierda aberzale había hecho hasta ahora se parece a lo que hizo ayer. Y es que, por primera vez en su historia, verbalizó en público un rechazo claro e inequívoco a ETA, al renegar ante la sociedad de cualquier tutela política o connivencia con la banda. Este novísimo paso fue bien recibido por la práctica totalidad de las fuerzas políticas y por el propio Gobierno vasco, pero no enmendó la decisión de que sean los tribunales quienes se pronuncien sobre la legalización efectiva de la nueva fuerza, de la que hoy se desvelará el nombre y mañana será registrada en Madrid.
Rodeados de la máxima expectación --en el palacio Euskalduna de Bilbao no se recordaba tal sobredosis de cámaras y periodistas-- dos pesos pesados de la izquierda aberzale, Rufi Etxeberria y el abogado Iñigo Iruin, escenificaron la ruptura con el pasado. Como testigos de ese paso "sin vuelta atrás" actuaron exdirigentes de las fuerzas ilegalizadas, como Pernando Barrena y Joseba Permach; abogados de etarras como Arantza Zulueta y el recién salido de prisión Iñaki Goioaga, así como el veterano dirigente de la banda Eugenio Etxebeste, Antxon . También acudieron representantes del PNV, EA, Aralar, IU y Alternativa, de los sindicatos ELA, LAB y CCOO, y de diversas organizaciones sociales. Etxeberria, antaño uno de los rostros más duros de Batasuna, defendió que la evolución de la izquierda aberzale ha llegado a un "punto de inflexión" con el compromiso asumido por el nuevo partido de recorrer vías "exclusivamente políticas". Aseguró que la fuerza que acaba de nacer "ni justifica ni ampara" el uso de la violencia, "cualquiera que sea el origen o naturaleza de la misma", y rechaza tanto su uso como cualquier "connivencia política u organizativa" con organizaciones que "la utilizan para fines políticos". Precisó además que ese rechazo incluye también cualquier atentado terrorista, "si lo hubiera". A la hora de llevar esos principios a los estatutos, Iruin dio la clave: para ser legales, cumplirán todos los requisitos que el Tribunal Supremo (TS) ha ido fijando en sus resoluciones. Eso significa que el nuevo proyecto rompe con "los modelos organizativos y formas de funcionamiento" del pasado y se atiene a la doctrina del TS y del Tribunal Constitucional (TC) sobre la aplicación de la ley de partidos. Para fijar los nuevos propósitos, el artículo 3 sostiene que el partido "se opondrá a cualquier subordinación, condicionamiento o tutela externa que pretendan convertirla en una organización vicarial de quienes practiquen la violencia". Asimismo, las normas internas exigirán a los militantes un rechazo a "todo acto de violencia y terrorismo y de sus autores" o de quienes "fomenten, amparen o legitimen los actos de terrorismo". Igualmente, se contempla la expulsión de quienes incurran en cualquiera de las conductas penadas por la ley de partidos.
ESTRUCTURA Además, y cara a rebatir cualquier acusación de continuidad con los partidos ilegalizados, los estatutos fijan que la "configuración estructural y funcional" de la fuerza está orientada a impedirlo. Aseveran que no se trata de una "refundación" de las marcas ilegalizadas, sino de "materializar" una "nítida superación y una indubitada ruptura respecto a ellas".
Iruin terminó su intervención pidiendo al Gobierno que se atenga a "criterios de legalidad" y que atienda a la "razón jurídica" como su única "guía" a la hora de tomar una decisión. En su opinión, "la intensidad del rechazo a toda violencia" es contrapeso suficiente para que "se desvanezca" cualquier duda.
