La sentencia sobre la euroorden por malversación emitida por el presidente del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra el ex consejero de Cultura de la Generalitat, Lluis Puig, se dictará el próximo 7 de agosto, según ha anunciado su equipo de abogados al término de la última vista celebrada este martes en el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y en el que han contestado la competencia del Supremo para emitir la orden europea de detención y entrega.

Se ha acordado que el 7 de agosto se va a emitir resolución sobre lo que se ha discutido a lo largo de febrero, marzo y ahora. Todos los argumentos están sobre la mesa y creo que el juez va a resolver conforme a derecho, ha anunciado el abogado Gonzalo Boye que ha comparecido junto a Puig, que ha estado acompañado por el ex presidente Carles Puigdemont y los también ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.

Según ha explicado Christoph Marchand, también integrante del equipo defensor, durante la audiencia han alegado que el Supremo no es competente para emitir una euroorden contra Puig y que, por tanto, la orden de detención es nula y no se puede aplicar, ha insistido subrayando que, tal y como señaló un grupo de trabajo de Naciones Unidas, territorialmente debería ser la jurisdicción del Tribunal Superior de Cataluña quien juzgara los hechos y no el Tribunal Supremo en Madrid.

El juez ha escuchado nuestros argumentos. También ha escuchado los argumentos del juez Llarena que ha tenido posibilidad de responder y ha respondido muy mal, con errores y un documento de nuevo con un nivel por debajo de lo que esperable. Es evidente que el Supremo no es competente para juzgar al señor Puig, ha insistido asegurando también que hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que prevé que el tribunal que deje ejecutar un mandato de arresto europeo debe verificar la competencia del juez que ha emitido la orden de detención, ha indicado junto Puig que según ha explicado ha transmitido al juez que lleva 1.000 días en el exilio por defender un mandato democrático

El ex consejero, que ha sido objeto hasta ahora de tres peticiones de extradición, se ha mostrado optimista ante la sentencia que si llega espera sea de no extradición y, sobre todo, que deje claro y bien argumentado que no hay ningún indicio de malversación y en cambio sí hay muchas vulneraciones de derechos fundamentales como ciudadano y como político miembro del Govern en 2017, ha indicado.