A solo dos días de que los jueces confirmen o no la convocatoria de una huelga, y como suele ser habitual en estos casos, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, empleó ayer un tono mucho más conciliador y puso sobre la mesa una serie de concesiones a los magistrados para intentar desactivar su protesta. Después de reunirse con los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el departamento de Bermejo anunció que está dispuesto a suprimir los traslados forzosos al llegar a magistrado, pagar mejor las guardias y crear la figura especial de los jueces volantes para suplir las vacantes permanentes y reducir la carga de trabajo.

El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, fueron los encargados de presentar los nuevos avances. Juntos estudiaron el documento reivindicativo de las asociaciones judiciales, y juntos comparecieron con el fin de proclamar que las demandas de los jueces son "asumibles".

Tan digeribles son que algunas de ellas fueron aceptadas ayer, mientras que otras deberán esperar un poco porque están en avanzada fase de estudio. La única demanda con la que la judicatura continúa pinchando en hueso es la que hace referencia a la subida salarial, aunque ayer lograron arrancar el compromiso de elevar los pluses de las guardias porque, según manifestó Pérez, es insostenible que "un juez cobre lo mismo que cualquier otro funcionario".

Mientras tanto, Bermejo sigue viendo detrás de esta huelga un movimiento corporativo más allá de lo estrictamente profesional. Por eso, se mostró sorprendido de que la eliminación del traslado forzoso a los dos años de ejercer como juez se hubiera convertido "de repente" en una "gran reivindicación" de las asociaciones cuando el Gobierno "ya había anunciado" que estaba dispuesto a suprimirlo. El paro deberá ser ratificado por las juntas de jueces que se celebrarán mañana en toda España.