El ministro de Defensa, José Bono, viajará a Venezuela para apadrinar la firma de los contratos de venta de material militar al país suramericano, pese al malestar que ha expresado EEUU por dicha operación. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó ayer que Bono asistirá al acto "en nombre del Gobierno" y resaltó que el convenio con Caracas se hizo "bajo el más absoluto y escrupuloso respeto a la legalidad internacional".

De la Vega no aclaró si la firma se producirá el próximo lunes, tal como se asegura desde Venezuela. Fuentes de la negociación afirmaron a este diario que el titular de Defensa prevé desplazarse este domingo a Caracas. La Embajada de EEUU en España rehusó ayer pronunciarse sobre la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de bendecir institucionalmente el contrato. "Sin comentarios", respondió un portavoz de la legación diplomática.

La vicepresidenta del Ejecutivo defendió la operación --el mayor pedido de un país extranjero a la industria militar española en los últimos años-- con el argumento de que las compañías Navantia y Eads-Casa podrán proyectar su actividad en el ámbito internacional y "mantener la carga de trabajo".

NEGOCIO Y EMPLEOS "Es lo que reclamaban los sindicatos, todos los ayuntamientos e integrantes de las zonas locales en las que están asentadas estas empresas", sostuvo De la Vega. Los negocios, dijo, supondrán una inversión de 2.000 millones de euros. Navantia se asegurará seis años de carga de trabajo y 1.600 empleos, al tiempo que Casa podrá garantizar 300 empleos durante tres años, añadió.

La operación, acordada en Caracas a finales de marzo por Zapatero y el presidente venezolano, Hugo Chávez, implica que Caracas comprará a España cuatro corbetas, cuatro patrulleras de vigilancia costera, 10 aviones de transporte C-295 y dos aviones de vigilancia marítima. En su momento, se calculó la inversión en 1.300 millones de euros.

PROBLEMA DE FOTO El negocio provocó desde el inicio roces con la Administración norteamericana, que no ha cesado de advertir sobre los riesgos de una posible desestabilización en la región. Empeñado en sacar rédito político de la operación, Chávez propuso a Zapatero apadrinar la firma del contrato el día después de la Cumbre Iberoamericana de Salamanca de octubre pasado.

El líder español alegó problemas de agenda para evitar esa foto, al considerar que ya había pagado su "peaje político" con el encuentro de marzo de Caracas, según señaló en su día una fuente de la Moncloa. Desde ese momento, el Gobierno barajó la idea de que fuese Bono, principal valedor del contrato, quien asistiera al acto de la firma.