El denominado pin parental se ha convertido en el primer asunto de Estado del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. La censura de los padres ante determinadas actividades extraescolares del ámbito educativo de los hijos, aprobada por la Región de Murcia, ha desembocado en un choque entre administraciones. La ministra de Educación, Isabel Celaá ha dado un mes de plazo al gobierno de Fernando López Miras (PP) para que retire esta medida propuesta por Vox. Si no hay rectificación, el Gobierno se planteará recurrir a los tribunales para derogar esta "intrusión en el sistema educativo".
Celaá, en una rueda de prensa en la localidad alavesa de Llodio, ha pedido "sensatez y moderación" y ha descartado que se esté planteando la intervención de la comunidad -una suerte de 155- en el caso de que Murcia, donde PP y Ciudadanos gobiernan con el apoyo de la ultraderecha, no atienda a las demandas de Moncloa. La ministra ha reprochado al PP su actitud "y desconocimiento del sistema educativo" y ha recordado que las actividades extraescolares -"obligatorias, complementarias y evaluables", ha detallado- responden al currículo educativo emanado de la vigente ley Wert y se deciden en los consejos escolares. La censura parental, según la titular de Educación, "vulnera el derecho del alumnado a una educación integral" y la autonomía reconocida por ley a los centros educativos para "cerrar en última instancia el currículo de obligado cumplimiento de los estudiantes".
Por si la cosa no estuviera lo suficiente caldeada, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que su propuesta de pin parental se aplica para "defender" a los menores, entre otras maldades, del "adoctrinamiento en juegos eróticos". "Nosotros defendemos que los que tienen la patria potestad y las responsabilidades son los padres y también el derecho a elegir la educación de los hijos. Esos es lo que queremos salvaguardar". Para acabar de rematar el ambiente, el presidente murciano ha lamentado este lunes en RNE que Sánchez no tenga la misma valentía para llevar a los tribunales "a los que quieren romper España". Sobre el requerimiento enviado desde el Ejecutivo de coalición formado por PSOE y Podemos, López Miras lo ha calificado de "cortina de humo".
"Derecho no reconocido"
Save the Chidren, siguiendo la polémica desde la barrera, ha defendido, a través de un comunicado, que la censura parental "vulnera el derecho de los niños y niñas a una formación integral. Según esta entidad, son "diversas las sentencias del Tribunal Supremo que han determinado que no existe derecho a la objeción de conciencia de padres y madres sobre contenidos educativos. "Las actividades complementarias, realizadas en horario lectivo, son parte del desarrollo del proyecto educativo y la programación fijada por el centro escolar para cumplir con sus objetivos", concluye.
La censura parental ha abierto una cierta brecha ideológica en el seno del PP. Mientras en Murcia están dispuestos a impulsarla, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha sostenido que no existe adoctrinamiento alguno y ha asegurado que en su región (1,2 millones de alumnos y 53.000 docentes) solo se ha recibido un queja sobre el contenido de charlas realizadas en centros educativos.
Un hipotético 155
33 La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha ironizado este lunes con la posibilidad de aplicar el artículo 155 para impedir que se implante el pin parental que Vox y el PP quieren introducir en Murcia. En una entrevista en la Ser, y ante la posibilidad de que el conflicto por la censura parental no llegue a buen puerto, ha asegurado: «Sería el camino similar al de Catalunya, ¿no?, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico por parte de quien nos han machacado y ganado las elecciones en determinados sitios, probablemente con su discurso antidiversidad y anticatalanista». El PP ha criticado la "extrema frivolidad" de Rosell y el presidente murciano ha considerado una «barbaridad» la mención del 155.
