La Comisión Europea cuestionó ayer la capacidad del Gobierno vasco para aplicar un tipo del impuesto de sociedades más bajo que en el resto de España. El Ejecutivo comunitario apoyó ante el Tribunal de Justicia de la UE las tesis defendidas por las comunidades de Castilla y León y La Rioja, gobernadas por el PP. Ambas acusan al País Vasco de fomentar la deslocalización de empresas mediante una competencia tributaria desleal e ilegal.

ACUMULACION DE DEMANDAS El Tribunal de la UE celebró en Luxemburgo una vista oral sobre la legalidad de la autonomía tributaria del País Vasco, a raíz de la cuestión prejudicial planteada por los tribunales españoles tras la acumulación de demandas de La Rioja y Castilla y León contra la rebaja del impuesto de sociedades en Euskadi.

Los abogados de la Comisión Europea argumentaron que esas rebajas en el impuesto de sociedades son una ayuda de Estado ilegal y que el Gobierno vasco no reúne los requisitos establecidos en la jurisprudencia europea para modificar los impuestos. El Ejecutivo comunitario añadió que el cupo vasco (contribución a las arcas del Estado por los servicios estatales) es mucho menor de lo que debería ser, por lo que el Estado subvenciona a Euskadi.

La Comisión Europea insistió en que, si tuvieran que pagar el cupo real que les correspondería, "no podrían costear rebajas de impuestos". Por ello, el Ejecutivo comunitario argumentó que no se cumple una de las exigencias fundamentales para admitir una autonomía fiscal regional, establecida por el propio Tribunal de la UE en el 2006 en el caso de las Azores: "Las consecuencias financieras de la aplicación de un tipo impositivo reducido a las empresas localizadas en la región no deben verse compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras regiones o del Gobierno central".

El Gobierno defendió en su turno la capacidad del País Vasco para tomar decisiones fiscales y subrayó que los flujos financieros entre el Estado y Euskadi no se ven alterados por las modificaciones tributarias vascas. El Gobierno destacó que Euskadi cumple los requisitos de autonomía fiscal fijados por el Tribunal Europeo de autonomía constitucional, sin subvenciones y sin intervención del Estado.