Forzado por las críticas internacionales, de activistas en favor de los derechos humanos y hasta de los jueces estadounidenses, el Pentágono sopesa efectuar profundos cambios en los tribunales militares creados por el presidente de EEUU, George Bush, para juzgar a los presos retenidos en la base norteamericana de Guantánamo (Cuba). El objetivo es aproximar el funcionamiento y las garantías legales que conceden estos tribunales al de los consejos de guerra, según The New York Times .

Entre los cambios propuestos en un documento de 232 páginas figura el nombramiento de jueces más independientes para presidir las "comisiones militares", tal y como se denomina a estos tribunales creados por Bush en el 2001, tras los atentados del 11-S. También se propone elevar el número de jueces de tres a cinco, y llegar hasta 12 cuando se pida la pena de muerte para el preso.

Con el fin de reforzar los derechos de los presos, se propone darles más capacidad para responder a las pruebas presentadas en su contra, incluso cuando se trata de información secreta. También se plantea prohibir la obtención de confesiones por medio de tortura, definiendo tal práctica como cualquier acción "específicamente dirigida a infligir dolor o sufrimiento grave, físico o mental", reza el texto.

CHENEY SE OPONE La propuesta de cambios, elaborada por el general John Altenburg, ha generado una gran polémica en la Administración de Bush. Su principal oponente es el vicepresidente Cheney pues, como declaró su asesor, David Addington, "no necesitamos ningún cambio en las comisiones militares". Sin embargo, otras voces oficiales reconocen que "se han producido desde hace tiempo maniobras para afrontar el tema de las comisiones; ahora ya no son unas cuantas voces las que piden cambios, sino que hasta los tribunales (de EEUU) dicen que hay que hacer algo".

Tras la creación de los tribunales militares para juzgar a los presos retenidos por EEUU en Guantánamo, Bush firmó el 13 de noviembre del 2001 una orden prometiendo que las comisiones serían "justas". Sin embargo esa misma orden y otras regulaciones del Pentágono privaron a los presos de derechos como el de escuchar y responder a las pruebas en su contra.

Los juicios militares comenzaron en Guantánamo el pasado agosto, pero tuvieron que paralizarse cuando un juez federal en Washington estipuló el 8 de noviembre que no se podía juzgar legalmente a un detenido, Salim Ahmed Hamdan.