Ciudadanos ha logrado el compromiso del PP de recuperar parte del dinero que, según el partido de Albert Rivera, se "perdonó" a los defraudadores durante la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en el 2012. "Habrá dinero de la amnistía fiscal", ha confirmado a EL PERIÓDICO uno de los negociadores del acuerdo entre PP y C'S para la votación de la investidura de Rajoy. Los equipos negociadores de PP y C's siguen en contacto telefónico e intercambiándose documentación. En la noche de este sábado finalizó el plazo que el partido naranja dio para cerrar el acuerdo, que está previsto que se selle este mismo domingo.

El partido naranja estima que los defraudarores que se acogieron a la amnistía fiscal pagaron 2.800 millones de menos, pues lograron tributar una media del 3% sobre las cantidades afloradas en lugar del 10% establecido ya que buena parte del patrimonio oculto ya habíaprescrito. No existe confirmación aún sobre si el posible acuerdo entre PP y C's implicará el ingreso de esos 2.800 millones o si será una cantidad menor. Ciudadanos pretende destinar esta fuente adicional de ingresos a planes de educación, empleo, pobreza y otras materias.

Esta cuestión era una de principales demandas de Ciudadanos que encalló en su primer día de negociación con el PP, el pasado lunes, y que este domingo ha entrado en vías de solución. Tras el ultimátum planteado por la formación de Albert Rivera, estos son los principales acuerdos parciales que han ido transcendiendo en la últimas horas a los medios de comunicación.

PODER JUDICIAL

Ciudadanos ha arrancado en el último momento del PP una modificación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Los 20 vocales del CGPJ son elegidos hasta ahora por el Parlamento, con una mayoría cualificada. PP y C's han pactado que 12 de los vocales sean elegidos por los mismo jueces, y el resto, por el Legislativo. Cuatro de ellos serían escogidos por el Congreso y los cuatro restantees designado por el Senado.

En el mismo ámbito de la judicatura se ha fijado también los límites temporales en las puertas giratorias entre la administración de justicia y la política. Así, por ejemplo, los jueces y magistrados que se hayan pasado a la politica solo podrán volver a ejercer una vez hayan transcurrido entre dos y cinco años.