Pedro Sánchez llegó al Congreso de los Diputados ayer dispuesto a transformar el entierro de los Presupuestos en el primer acto de campaña de las elecciones generales que prevé convocar la semana que viene para que se celebren en abril. El Gobierno concibió el debate como un mitin que convirtiese la derrota de su ley más importante en un portazo a los independentistas.

ERC y PDECat pasan de ser aliados a ser responsables de unos comicios donde las sumas de siglas pueden alumbrar a un ejecutivo con la ultraderecha en las entrañas. La liturgia parlamentaria escenificará hoy esa quiebra de alianzas, en una votación en la que los independentistas estarán en el mismo lado que PP y Ciudadanos, apoyando sus respectivas enmiendas a la totalidad, lo que implica, de facto, la muerte de los Presupuestos, el fin de la legislatura y la convocatoria electoral.

El Gobierno ha puesto rumbo a las urnas y esa determinación fue evidente a lo largo del debate en el Congreso. Los socios de la moción de censura salieron con la convicción de que no quedaba ni una rendija abierta. Los diputados soberanistas no ocultan cierta desesperanza e intentan cabalgar contradicciones. Dicen no a las Cuentas, pero se niegan a asumir que les señalen como responsables de unas elecciones a las que se asoman con vértigo.

En la tribuna se habló más de Cataluña y del juicio a los líderes independentistas que del Presupuesto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenía claro que eso iba a ser así desde que subió a la tribuna de oradores. Admitió que el proceso judicial en el Tribunal Supremo ha dificultado alcanzar un acuerdo y dijo por activa y por pasiva a los soberanistas que despertaran de su «ensoñación» porque el Gobierno no iba a aceptar la autodeterminación a cambio del apoyo a las Cuentas. «El error histórico que ustedes han cometido es haber unido la aprobación de estos Presupuestos, que son buenos, (…) al referéndum», le dijo Montero al portavoz republicano Joan Tardà, a quien acusó de «unirse al bloque del 155». Reflexionó Montero que tiene la sensación de que ERC y PDECat comparten con PP y Cs la confrontación como estrategia política sin importarles las consecuencias.

Los soberanistas se niegan a cargar con la losa del adelanto electoral y sostienen que Sánchez cierra la puerta al diálogo por miedo a la derecha. «Si mañana [miércoles] prosperan las enmiendas a la totalidad, no es por el PDECat y ERC, sino por su Gobierno, que intuyó que quiere elecciones tanto como Rivera o Casado», protestó el posconvergente Ferran Bel.

EL MILAGRO, EN LA CÁRCEL / Montero tachó a las derechas de hacer una oposición «destructiva, retrógrada y oportunista» y les pidió que dejasen la «calculadora electoral».

El presidente del PP, Pablo Casado, criticó a Sánchez por confiar en un independentismo «insaciable», le acusó de no dar «la talla» y sostuvo que, a pesar de la ruptura, el Gobierno tiene un «pacto oculto» con los soberanistas. «El PP va a ser la contención al chantaje independentista y sobre todo a la rendición socialista», prometió. Cuando habló de Presupuestos, Montero respondió sin anestesia. «¿Dónde está su milagro económico? En la cárcel», dijo, en referencia al supuesto hacedor de ese prodigio, Rodrigo Rato.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, parecía tener claro que la campaña ha empezado. Utilizó su intervención para postularse como presidente del Gobierno y prometió no indultar a los dirigentes independentistas si llega a la Moncloa. «No vale la equidistancia entre los que han dado un golpe de estado y los demócratas de este país», criticó.

Aún sabiendo que el Presupuesto no prosperaría, Montero salió a defenderlo, casi, como un programa electoral. Dijo que es «una enmienda a la totalidad de las políticas erróneas llevadas a cabo por el PP» y «un punto de inflexión y un cambio de rumbo para que los ciudadanos recuperen confianza en la política».

Cifró en 4.174 euros al año la renta indirecta que aporta este proyecto de Presupuestos a cada ciudadano por la mejora de los servicios públicos. Esta cifra, según Montero, se eleva a 5.148 euros por ciudadano si se tienen en cuenta las mayores transferencias del Estado a las autonomías para la prestación de servicios esenciales.