Un estudio de La Caixa, elaborado por un grupo de profesores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, propone que se limite el derecho universal de los mayores de 65 años a no pagar por los medicamentos que obtienen de la Seguridad Social.

"La exención del copago a la sanidad pública puede justificarse desde el punto de vista político, porque este colectivo representa muchos votos, pero no tiene sentido desde el punto de vista de la eficiencia del sector público", explicó Guillem López, decano de la facultad de Económicas de la UPF, y director del estudio Los nuevos instrumentos de la gestión pública , que fue presentado ayer.

PRIMAR LA EFICIENCIA

Según el trabajo, debería darse preferencia a otros colectivos --familias monoparentales o personas desocupadas-- si se quiere primar la eficiencia del sistema, pues "la participación de los jubilados en las bolsas de pobreza es inferior a lo que se supone", según Jaume Puig, responsable del área sanitaria del estudio. Los datos manejados reflejan que sólo el 15% de la población mayor de 65 años podría incluirse en las bolsas de pobreza, cuando su peso demográfico supera el 21%. Otros colectivos se ven más afectados por la pobreza.

Los responsables del estudio consideran que la manera como se entiende el modelo de copago hace un flaco servicio a la gestión pública, "que debería ser más selectiva". En este sentido, se propone que la exención del pago de los medicamentos se relacione con el nivel de renta de los usuarios de la sanidad.

Además, los pensionistas exentos del pago de medicamentos prescritos por médicos del sistema sanitario público representan también casi el 80% del gasto público en medicamentos, una cifra que para el total español supone 6.000 millones de euros (990.316 millones de pesetas) al año. De esta manera se convierten en los protagonistas de más de tres cuartas partes del gasto, cuando suponen sólo el 18% de la población protegida por la Seguridad Social.

El estudio compara la situación de gasto en medicamentos de la Seguridad Social con el de los pensionistas cubiertos por la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE). Estos se ven obligados a abonar el 30% por los medicamentos recetados. Los costes farmacéuticos en los que incurren representan sólo el 63,5% del gasto por persona en la Seguridad Social. También el número de recetas solicitadas es inferior.

MODELOS DE GESTION

Se propone, además, la introducción de nuevos modelos de gestión en el gasto público. Entre otros, vales y cheques de consumo que pueden ser utilizados en la contratación de servicios, como guarderías. También la subcontratación de servicios y la aplicación de incentivos monetarios.