En febrero pasado, la investigación del juez Baltasar Garzón destapó una presunta red de corrupción en el Partido Popular, protagonizada por Francisco Correa, padrino de boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, y su socio Alvaro Pérez. La red se extendía por la Comunidad de Madrid y la de Valencia, y tocaba a gente vinculada a la dirección del PP.
Reacción fulminante: lo único grave era la trama del juez Garzón, agente socialista, que pretendía dañar electoralmente al PP. Y las frases gruesas arreciaron cuando se supo que Garzón y el entonces ministro de Justicia Mariano Bermejo habían coincidido en una cacería. Luego, cargos del PP en Madrid dimitieron, pero no Paco Camps, presidente valenciano, que habría recibido trajes por valor de 12.000 euros, ni el tesorero nacional Luis Bárcenas, posible receptor de comisiones de Correa. Y Rajoy llegó a proclamar que todo era un invento de los "inquisidores del siglo XXI": los socialistas y Garzón.
Cinco meses después, las cosas se complican. Dos de los acusados, cada día más sospechosos, son próximos a Mariano Rajoy. Camps fue su carta maestra frente a Aguirre en el congreso de Valencia. Y Bárcenas fue ascendido de gerente a tesorero y senador. Y los tesoreros saben.
Rajoy se ha negado --ayer Cospedal lo confirmó-- a tomar ninguna medida contra Camps o Bárcenas, pero le incomoda un asunto que enturbia su éxito en las elecciones gallegas y europeas. El "socialista" Garzón se inhibió hace cuatro meses a favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia. Ahora el magistrado instructor del Tribunal Superior de Madrid ha visto indicios de delito en Bárcenas y ha enviado el caso al Supremo (Bárcenas es aforado, al ser senador). Y ayer, el instructor del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, José Flors, decidió que había suficientes indicios racionales de cohecho por parte de Camps y Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano) para llevarles a un juicio con jurado.
Como exigía el PP, Garzón ya se inhibió, la sospecha de tramas de corrupción en algunos núcleos dirigentes del PP es cada día más fuerte y nadie medianamente serio puede sostener que los magistrados de los tribunales de Madrid y Valencia son también inquisidores del siglo XXI al servicio del socialismo.
Rajoy no puede seguir tergiversando. Debe mover ficha y resolver ya, si quiere ser considerado un líder conservador con autoridad. El expresidente Aznar no tuvo reparo en sacrificar a su amigo Arturo Moreno (clan de Valladolid) cuando, al poco de ser elegido líder, estalló el caso Naseiro. Aquello contribuyó a su aura de autoridad. A Rajoy el cáliz de Camps y Bárcenas le amarga la victoria europea. Pero querer ser presidente de Gobierno exige saber afrontar momentos de infarto, arbitrar y decidir.
