Agricultura y ganadería son dos pilares importantes en la economía extremeña. Su peso en el PIB regional continúa siendo importante y son miles las familias que viven del campo. Estas son algunas de las propuestas de los partidos a nivel autonómico.

PSOE

Eficacia en la producción, innovación en la transformación y volumen y calidad en la comercialización son los tres ejes en los que los socialistas basan su programa de apoyo a la agricultura extremeña.

Entre las medidas incluyen programas sanitarios que garanticen la salubridad de las producciones; fomento de las producciones de calidad acogidas a Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas; creación de otras nuevas, como las del cabrito o la ciruela; además de la Marca de Calidad Tabacos de Extremadura.

Adaptar la Ley de Cooperativas a la nueva realidad global es otra de las propuestas, a la que se unen la exigencia del cumplimiento de los mismos requisitos en materia medioambiental y de bienestar animal a productos procedentes de terceros países; el intento de lograr precios justos en origen. Paralelamente, se plantean crear un observatorio de precios, con el objetivo de romper el desequilibrio entre el poder negociador de los productores agrícolas y el resto de la cadena.

Respecto al sector del vino, se comprometen a apoyar todas las iniciativas industriales que propongan el desarrollo de nuevos formatos de venta, presentaciones de vino y productos derivados; apoyo a las inversiones en terceros países, aprovechando los fondos de la OCM, para facilitar y desarrollar la comercialización de nuestros vinos; o la creación del Instituto del Vino de Extremadura.

Sobre el sector del porcino ibérico, el compromiso es establecer normas claras sobre la edad, raza, alimentación y sistemas de explotación y exigir su cumplimiento, fortaleciendo los controles; y apoyar iniciativas para la comercialización en terceros países.

El mundo cooperativo no falta en su programa electoral. La propuesta es incentivar la integración para la gestión común de las cooperativas de base de un mismo pueblo; o fomentar las estructuras comunes sectoriales de 2º grado o ulterior, donde se integraran las cooperativas de base de cada sector productivo.

En cuanto a los regadíos, se plantean elaborar un nuevo decreto de ayudas específico para la instalación de caudalímetros en parcela para poder cumplir la nueva reglamentación en cuanto al consumo de agua.

El apartado de forestación cuenta con compromisos como la elaboración de un decreto de ayudas a la implantación de sistemas agroforestales; y también a la forestación de terrenos agrícolas, con líneas de ayuda a la producción sostenible de biomasa forestal y otros productos forestales de calidad y alto valor comercial.

No podía faltar una cita a la Política Agraria Común (PAC). Dicen que seguirán defendiendo los intereses de los agricultores extremeños, para lograr la mejora de su renta y competitividad.

PP

Los populares plantean en su programa poner en marcha un plan para inyectar liquidez al sector agrario y poder así afrontar la crisis económica. A partir de ahí, apoyarán la mejora de la fiscalidad agraria, aumentando el tipo de compensación del IVA al 10% también para ganaderos y aplicando un IVA reducido al suministro energético en las explotaciones agrarias.

Programas de Sanidad Animal dirigidos principalmente a explotaciones con índices elevados de tuberculosis; favorecer las inversiones en las explotaciones que aumenten su tamaño, sean más productivas y competitivas y puedan generar empleo; o fomentar la incorporación de jóvenes agricultores, principalmente mujeres, también figuran en el programa de los populares.

Defienden además el establecimiento de la nueva Ley de Calidad Agroalimentaria, o un marco legislativo similar, para los contratos entre productores y compradores, donde se definan la cantidad y calidad del producto, la duración, fecha de entrega y los precios.

Sobre las industrias agroalimentarias, propugnan la profesionalización de los sectores productivos y la diversificación de actividades complementarias en el medio rural; crear un Campus Universitario de Excelencia Internacional destinado a la investigación en el sector agroalimentario; o la puesta en marcha de un Plan Especial de Exportación de Productos Agrarios Extremeños de Calidad.

Consideran, por otra parte, que el regadío en Extremadura tiene futuro si se aplican políticas de agua encaminadas a mejorar la rentabilidad de nuestras explotaciones. Para ello, apuestan por la modernización del sector y las nuevas infraestructuras de regulación, como los embalses, que garanticen el agua necesaria para producir mayor cantidad de alimentos con menos agua, sin olvidar su petición al Gobierno de un IVA reducido en la tarifa eléctrica y la implantación de una energía profesional.

Por sectores, están decididos a apoyar económicamente a las industrias transformadoras de tomate; a defender la vendimia verde en el sector del viñedo, con el fin de eliminar parte de la cosecha y evitar los posibles excedentes. Y se comprometen a crear en Almendralejo el Instituto del Vino en Extremadura.

Promulgar la ley del olivar está incluido en su programa; así como seguir luchando para mantener el cultivo del tabaco en Extremadura, negociando con las instituciones los mecanismos y ayudas adecuadas para mantener dicho cultivo: medidas fiscales, tarifas eléctricas, de riego, seguros agrarios, modernización de las explotaciones o aumento de las ayudas agroambientales.

En el apartado gandero incluyen la eliminación progresiva de tasas por expedición de Guías de Origen y Sanidad Animal; un seguro del MER o recogida de cadáveres a coste cero de bovino, ovino y caprino.

Finalmente, afirman que defenderán una futura PAC que permita conservar como mínimo los mismos fondos presupuestarios asignados a la PAC a partir de 2013; mantener el nivel de las ayudas directas; o la exigencia de que los criterios de calidad y seguridad alimentaria sean los mismos para los productos importados de terceros países.

IU

Prácticamente toda la política agraria de esta coalición pasa por la ecología y el fomento de productos ecológicos. Lo primero que plantean es la constitución de una Dirección General de Agricultura Ecológica, que establezca un Plan Extremeño de Agricultura Ecológica.

Sugieren además ofertar módulos de producción ecológica, así como promover, conjuntamente con asociaciones de productores ecológicos y empresas de catering que actualmente abastecen los comedores escolares, hospitales o residencias de la tercera edad, convenios para que en el futuro una parte importante de los alimentos destinados a estos colectivos fueran ecológicos y de procedencia local/regional.

También sugieren el retorno al medio rural de las cargas fiscales e impuestos que se gravan a la tierra (IBI rústico) en forma de mejoras de infraestructuras (electrificación, caminos rurales, instalaciones rurales...) y el mantenimiento del medio (reforestación, conservación de espacios, recuperación de especies agroganaderas...). Entre las propuestas de IU están que el 75% de los ingresos municipales en concepto del IBI rústico, arrendamientos y usufructo de patrimonio municipal retorne al medio rural para mejorar la red de caminos, electrificación rural, instalaciones en dehesas boyales, montes públicos y bienes comunales.

La creación de una industria regional de transformación de los productos agrícolas, que permita a los campesinos controlar los precios a través de las instituciones locales y comarcales; o el fortalecimiento del sistema de cooperativas, como instituciones democráticas para la participación de los campesinos en la toma de decisiones y vía de socialización de los trabajadores del campo, son otras de las propuestas.

UPyD

Plantean también la incentivación de sistemas agrícolas sostenibles e introducir un componente ecológico obligatorio en los pagos directos, cuyo ejemplo podrían ser los pastos permanentes, la cubierta vegetal o la rotación de cultivos. Desde UPyD entienden que hay que huir de la vieja fórmula de obtener cada vez mayores producciones en el menor espacio de tiempo.

Por otra parte, plantean aplicar el principio de "quien contamina paga"; controlar la inestabilidad de los precios para asegurar unos ingresos agrícolas justos; luchar contra la especulación; y estudiar la creación de "instrumentos de gestión de riesgo", dado que la variabilidad de los precios y el cambio climático constituyen factores de riesgo que hacen que las economías rurales se vean afectadas.

Sobre las dehesas, consideran urgente llevar a cabo técnicas de regeneración, especialmente en las zonas más degradadas, así como conservar la biodiversidad de la dehesa y su área de distribución, lo que a su entender exige incidir en las formas extensivas y multifuncionales de manejo tanto en cada explotación como a mayor escala. Incluso creen necesario que algunas prácticas "tradicionales" que se han demostrado perniciosas se revisen y modifiquen con urgencia.