La ansiedad que parece acompañar últimamente al Gobierno valenciano llevó ayer a su portavoz, Paula Sánchez, a confirmar que Francisco Camps pedirá la nulidad de la parte del caso Gürtel que le afecta si, cuando se conozca todo el sumario, queda demostrado que las conversaciones del presidente de la Generalitat fueron grabadas con el sistema integrado de interceptación de comunicación (Sitel). Con tal advertencia, la portavoz del Ejecutivo de Valencia se cargó de un plumazo la estrategia de disimulo que, en los últimos días, ha impuesto la dirección del PP, que consiste en criticar Sitel y pedir su regulación por ley orgánica, pero intentando no relacionar este asunto --de momento-- con el caso Gürtel .

Lo que busca realmente la cúpula popular sembrando dudas sobre Sitel es, por contagio, sembrarlas sobre la instrucción del sumario que les atañe. Y aunque hay algunos dirigentes que ya han avisado, en el seno del comité de dirección del PP, de que el asunto se les podría ir de las manos, Mariano Rajoy ha dado el visto bueno a este plan, impulsado por Esteban González Pons y Carlos Floriano --en la vía política-- y Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo --en la vía parlamentaria--.

PRECEDENTE NASEIRO De hecho, uno de los conservadores que más ha cuestionado la legalidad de las escuchas realizadas a la trama Gürtel es Trillo, exministro y diputado por Valencia; responsable de la estrategia jurídica del partido y buen conocedor de los pormenores de otro escándalo que sacudió al PP en los años 90, el caso Naseiro. Entonces, el Tribunal Supremo se vio obligado a archivar dicha investigación, en la que quedó probada la financiación ilegal de los populares, ya que las escuchas telefónicas que sirvieron para descubrir ese delito habían sido autorizadas, en realidad, para perseguir a un supuesto narcotraficante, hermano de un político del PP valenciano.

A simple vista, reclamar en un futuro el archivo del caso Gürtel con los mismos argumentos utilizados en el caso Naseiro se antoja complejo, ya que, esta vez, la investigación abierta por la fiscalía responde a una denuncia (presentada por un exedil popular) sobre corrupción de empresarios y cargos del PP. Claro que embrollar en torno a las escuchas realizadas durante la investigación de la red Gürtel --o sea, sobre Sitel-- puede beneficiar a los populares doblemente: les dará rédito electoral si logran vender a los suyos que la investigación está manipulada y, ade- más, cabe la posibilidad de que terminen convenciendo a otros grupos de que Sitel, pese a ser legal según el Supremo, necesita ser regulado por ley orgánica.

REVERSO Si lograran aprobar una norma, quedarían en entredicho todas las grabaciones realizadas antes de la existencia de la nueva ley. Por tanto, se abriría una vía para presentar recursos e intentar anular casos judiciales. El reverso de la estrategia del PP es que, más allá del caso Gürtel , podría ser utilizada por todo tipo de delicuentes ya juzgados para burlar la justicia.